Un lado olvidado

2009-10-09T11:22:00.000-07:00

Por este medio anuncio a los lectores que el blog Un lado olvidado, es el esqueleto de un libro de próxima edición.

Luis Vives

“Los bastardos parricidas de Perón”

2009-10-08T17:07:00.002-07:00

Unos meses antes del golpe de estado que derrocó al líder político, en 1955, el entonces Presidente de la República en su mensaje pronunciado ante el Congreso de la Nación, el día 1º de mayo de aquel año decía:
... "La honda preocupación de mi Gobierno por la niñez y la juventud va dando sus resultados. Repudiamos todos los privilegios, porque son injustos y lesivos de la dignidad humana, pero hemos consagrado una excepción en favor de la niñez, excepción en la que deben coincidir todos los hombres de buena voluntad, cualquiera sea su raza, su religión, su credo o partido. Seguiremos firmemente esa política, porque entendemos que al obrar así estamos echando las bases inconmovibles de la Argentina del futuro, con la que soñaron los hombres de nuestra historia y cuya consecución es el aliciente primordial en nuestra diaria y fatigosa labor.
Una niñez feliz y una juventud sana y fuerte, formada en los principios de la bondad, de la virtud y la comprensión, libre de prejuicios y sectarismos, brindará al país las generaciones de hombres dirigentes que habrán de llevarlo a sus más altos destinos.
Este Mensaje de 1955 ha de confrontar los principios de nuestra Doctrina con las realidades de nuestra acción para señalar después la ruta del porvenir en cada uno de aquellos principios; este Mensaje de 1955, tendido hacia un futuro en el que habrán de realizarse todos los sueños de nuestras vigilias, no podría tener otro destinatario que la nueva generación... ¡La juventud de la Nueva Argentina!
En 1943 declaré que en esta tierra 'los niños eran los únicos privilegiados'.Aquello no era una simple frase literaria... Decir que los niños eran los únicos privilegiados bajo el sol de nuestra tierra era declarar caducos todos los demás privilegios que oprimían el alma de nuestro Pueblo. ¡Y era, lógicamente, declararles la guerra!...".
Esto significa que, consciente el General Perón de la inminente caída de su gobierno, depositó su esperanza en la misma generación a la que exactamente 19 años después debió enfrentar anunciándole un escarmiento; esto ocurrió también un primero de mayo (1974). Esta decepción del general, posiblemente, aceleró su muerte y, por eso, para algunos peronistas de la primera hora, aquellos “infiltrados que se hicieron pasar por compañeros”; después de la muerte del padre del Movimiento Nacional Justicialista, pasarían a ser: “los bastardos parricidas de Perón”.
Tantos años después, cuando aquella generación llega al Gobierno, aflora nuevamente este sentimiento en el discurso de Hilda “Chiche” Duhalde –pronunciado por la senadora el 17 de octubre de 2008- al celebrarse el Día de la Lealtad.

Pero hoy estamos en condiciones de apreciar con mayor claridad el proceso político, económico y social iniciado en la década del ´70.
Hoy podemos hacer un paralelo, después de esta visión retrospectiva, para sacar nuestras propias conclusiones sin la asistencia –interesada- de intérpretes y traductores que cobran fortunas para funcionar como formadores de opinión.
Hoy podemos acercarnos un poco más a la verdad y reconocer, con mejores elementos de juicio, quienes han sido, o son, los verdaderos parricidas de Perón; pero fundamentalmente, estamos en condiciones de advertir quiénes son los enemigos de su legado histórico.
Ni el gobierno que ejerció el poder desde el primer día del segundo semestre del ´74 hasta fines del ´75; ni el neoliberalismo de la década del ´90 que culminórecién en el 2003, axhiben una política integral –económica, social y cultural- que pueda relacionarse con la filosofía humanista que parieron Eva Duarte y Juan Perón en Agentina.
La política y el derecho son dos caras de una misma moneda. En la práctica, cada lado opera como un teorema recíproco del otro, por lo que la conclusión de una cara le sirve de hipótesis a la otra.
Esto es claro; la política yel derecho se nutren en correspondencia.
El doctor Carlos Sánchez Viamonte, jurisconsulto y escritor –autor entre otras obras de “Hacia un nuevo Derecho Constitucional” y “La cultura frente a la Universidad”-, fue un destacado político y profesor de Derecho Público, que dictaba cátedra de Historia de las Instituciones Políticas en la Universidad de La Plata. Siempre se mostró interesado por la realidad poítica, económica y social de América del sur y fruto de ese particular interés fue la aparición pública de “Unión Latinoamericana” un espacio que abrió junto con Alfredo Palacios y otras destacadas personalidades que, como él, pensaban en la unificación regional como única alternativa.
Samchez Viamonte decía que un maestro del derecho “no lo arrastra, lo empuja”.
Esta regla de oro sería también de aplicación en la arena poítica.
El gran mérito del peronismo de los años ´40 al ´55 fue, precisamente, dejar de arrastrar la política y el derecho, para empezar a empujar ambas herramientas hacia la justicia social y el bien común.
Los parricidas de la doctrina serían, obviamente, quienes insisten en arrastrar los viejos vicios, privilegios y prebendas que indignaban a Evita y que enfrentó Perón sin conseciones.
Por ello, más allá de la diferencia generacional y de la distancia ideológica, los Kirchner estudiaron, se formaron y se graduaron en los pagos de Sánchez Viamonte, en las aulas de la Ciudad de La Plata que, seguramente, quedaron impregnadas del aporte intelectual del socialista. Por alguna razón o por varias, aquél lema de Sánchez Viamonte parecería guiarlos.
Los Kirchner empujan la política y el derecho, del mismo modo que demuestran un claro interés por el destino de los pueblos latinoamericanos.
Los sectores de izquierda les reclaman un mayor cambio revolucionario, sin reparar y sin reconocer la transformación y su profundidad en lo económico y social. La derecha renacentista defiende egoistamente sus exclusivos intereses sectoriales, procurando fortalecer esa tradición siempre orientada a garantizarse un enriquecimiento fácil; divorciándose definitivamente del bien común.
El conceptismo radical abraza ideas de la dictadura habilitada y, desde su posición política, opta por arrastrar el derecho haciendo un esfuerzo intelectual por intenta justificar y conservar normas legales anacrónicas.
El antikirchnerismo reune a diferentes fuerzas –al radicalismo, a la disidencia peronista, a los proconservadores y a las alianzas coyunturales sin contenido ideológico-.
Todas estas exspresiones políticas representan y reeditan la “Confederación de las Derechas”.
Ahora bien, más allá de las razones, de las motivaciones y de los errores, están los resultados; uno de ellos puede ser la conversión de las ideas, y otro, la transformación o traslación de la violencia.
La década del `70 quedó bañada en sangre, como consecuencia del choque entre ideologías. Era la violencia de las pasiones.
Luego vino la exclusión de los partidos políticos y finalmente, en los `90, la exclusión social; después la desesperanza; el desprecio por la vida propia y por la ajena.
Aquella violencia era por la disputa del poder; por la disputa entre dos modelos políticos, económicos y sociales.
Ahora, una parte de la violencia actual es también parte del modelo que se impuso. Es la violencia de la miseria.
Hoy, frente a la muerte, nos preguntamos nuevamente ¿por qué?, ¿para qué? y ¿hasta cuándo?
El debate se reproduce entre la mano dura y la mano blanda; sobre el tipo de represión, sobre la ley penal y el procedimiento.
La lupa vuelve a estar sobre la juventud –sobre los adolescentes-.
No podemos volver a equivocarnos.
El egoísmo excluye la generosidad, del mismo modo que, la generosidad excluye el egoísmo.
La exclusión social excluye todas las garantías, de todos los ciudadanos.
Sólo la justicia social podrá excluir una inseguridad que es producto bruto de un modelo inmoderado que antepone, a todo, la conveniencia y el interés de pocos que piensan mucho, en perjuicio de muchos que hoy piensan poco, por ser las víctimas de la brutalidad de un modelo, que excluyó a sus padres, primero, y después los embruteció a ellos condenándolos a la pena anticipada de exclusión perpetua hereditaria.
Pero no queremos ser las víctimas de las víctimas, ni debemos ser sus verdugos.
Estamos hablando de la aplicación de una pena colectiva de exclusión social masiva y a perpetuidad que, para esta generación, ya reviste el carácter de hereditaria.
Lo cierto es que estamos ante un conflicto entre clases sociales, que derivó en un problema mayúsculo de difícil desenlace; y éste es el único gobierno –entre tantos que han pasado- empeñado seriamente en llevar adelante un proyecto nacional y popular. Sin embargo, no deberíamos esperar un milagro exprés; el daño acumulado ha sido tanto que hemos quedado separados. Unos afuera y otros encerrados; de un lado perturbados, violentos e impiadosos –por excluídos- y, del otro lado, ansiosos y con pánico.
Todos condenados sin poder pensar y sin hacernos cargo; pero todos arrastrando aquél bastón que nos cargaron –el penosos bastón del dictador-. Si pudieramos desprendernos de esta carga, qyedaríamos en condiciones de empujar unidos –en comunidad- hacia un mejor futuro.
Pero si insistimos en escuchar a los agoreros que predicen sin fundamentos males y desdichas, volveremos a caer en la vieja trampa de la profecía autocumplida, sin haber desaprendido nada, y eso nos convertiría en una generación perdida.

La transferencia del poder

2009-10-08T17:07:00.001-07:00

El 19 de diciembre de 1975 fueron leídos por Secretaría dos proyectos de resolución presentados ante la Presidencia de la Cámara de Diputados, ejercida por Sanchez Toranzo. El primero de ellos llevaba las firmas de José Carmelo Amerise, Antonio A. Tróccoli, Leopoldo Suárez y de otros quince diputados más.Mediante ese proyecto se expresaba un "categórico repudio al intento golpista"; y se exhortaba a "todos los sectores de la República a proceder con serenidad y prudencia en resguardo de la paz social".El segundo proyecto de resolución llevaba las firmas de Francisco J. Moyano, Ricardo Ramón Balestra y de otros ocho diputados nacionales. Se expresaba una "clara posición de defensa y sostenimiento de la Constitución y leyes de la Nación, como asimismo y muy especialmente de los mecanismos constitucionales previstos para asegurar la plena vigencia del orden democrático en el marco fundamental de la moral republicana y la paz social". Se condenaba "todo intento de alteración violenta de la Constitución provenga de donde proviniere, con la finalidad de subvertir el orden republicano y democrático".Se pedía, también, serenidad y prudencia, a todos los sectores de la Nación.El artículo 5º de este segundo proyecto, además decía: "Reafirmando esta voluntad de defender el orden constitucional y la moral pública, presentaremos el pedido de juicio político a la Presidente de la Nación".Se vota y aprueba el proyecto leído en primer término. Luego hace uso de la palabra el diputado Amerise, destacando la presencia de la barra que ocupaba las galerías “interesándose por los destinos del país”. Puestos de pie los diputados y los presentes, entonamos el Himno Nacional.
Ese día, a las 21:30hs, se le cedía el poder a las Fuerzas Armadas –que dejaron pasar el verano para después asumir, formalmente, la conducción del país-.
¿Se había votado, bajo presión de la barra, el proyecto equivocado?
Recuerdo que estaba en la galería del segundo piso; a mi lado se encontraban dos mujeres, una joven –tan joven como yo- y la otra una señora mayor que, después de cantar el himno, nos dijo: -“Le terminan de entregar el gobierno a los milicos; se viene el golpe”. Yo no la conocía, no contesté nada, me retiré en silencio.
Meses después, al recordar ese episodio, me dí cuenta de que yo tampoco había entendido lo que había sucedido ese 19 de diciembre. Me pasó lo mismo que a Leonardo Favio, aquel 20 de junio, en Ezeiza –no estabamos atentos-. El cineasta no habría entendido bien aquel inicio, y yo no había entendido bien aquel final. Con las firmas de Tróccoli y de Suárez, queda claro que los radicales no quicieron hacerse cargo. Los radicales no quisieron asumir la responsabiidad histórica de impedir la interrupción del proceso democrático a pesar de haber advertido, ellos mismos, que este golpe sería distinto; a pesar de haber anunciado en el mes de agosto que, de producirse un golpe, vendría para el país un “baño de sangre”. Los radicales no hicieron nada eficiente para evitar que se cumpliera “la profecía del dolor”.
El radicalismo optó entonces, como lo haría veinticinco años después, por las hélices horizontales que usa para ascender o descender; optó por el helicóptero que le puso fin al gobierno de Isabel, cuando despegó el 24 de marzo del ´76.
Con aquella decisión, peronistas y radicales abrieron “las puertas de las calamidades” y, detrás de ellas, ya se preparaba “el escarmiento”.

El 24 de marzo de 1976 se reúnen en el comando General del Ejercito, el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti, quienes “proceden a hacerse cargo del Gobierno de la República”. Resuelven constituir la Junta Militar con los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas; declaran caducos los mandatos “del Presidente” de la Nación, de los Gobernadores y Vicegobernadores.
La junta asume el poder político y determina disolver el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales; asimismo decide remover a los miembros de la Corte Suprema, al Procurador General de la Nación, como así también a los integrantes de los tribunales superiores de las provincias.
Los comandantes ordenan suspender la actividad de los partidos políticos y de los gremios.

Ese mismo día, Videla, Massera y Agosti firman el “Acta fijando el propósito y los objetivos básicos del proceso de reorganización Nacional”. hablaban de “restituir los valores esenciales”,... del “sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia”, ...de “erradicar la subversión”, de “promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal...”.
La Junta Militar señalaba, entre otras, la finalidad de dar prioridad al “interés nacional”, ubicándolo por encima de cualquier sectarismo, tendencia o personalismo”.
Se hacía hincapié en la necesidad de mantener la “Vigencia de los Valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino”. Importaba ”la seguridad nacional”; la “situación socio-económica”, el “bienestar general”, el “sistema educativo”, “el capital y el trabajo” y la “ubicación internacional en el mundo occidental y cristiano...”- esto fue una síntesis de lo esgrimido -.

La Junta dió a conocer, además, el denominado “Estatuto para el proceso de reorganización nacional”, mediante el cual creaba una Comisión de Asesoramiento Legislativo, integrada por nueve oficiales superiores; tres por cada una de las Fuerzas.
Sería entonces la C.A.L. el organismo con facultades legislativas, que intervendría, en lugar del Congreso, en la formación y sanción de las leyes. Cuesta entender que aquel resultado electoral del 73, sin precedentes, no fuera de entidad suficiente a los efectos de garantizar una acción legislativa exitosa.
En lo que se refiere al estado de sitio, se terminó la anterior polémica sobre su origen y alcances. Los Comandantes se pronunciaron rápidamente; suspendieron de inmediato el derecho de opción para salir fuera del territorio nacional.
El otro gran tema no resuelto en democracia, el de las provincias intervenidas, también quedó, obviamente, fuera de toda discusión; cesaron en sus funciones aquellos interventores federales.

Ya no había nada que debatir. El consenso era tan irrelevante como el disenso. Los acuerdos de los partidos políticos en relación con asuntos de interés común, ya no interesaban, se había perdido la idea de unidad nacional; se había perdido la oportunidad histórica de la conciliación y por ende, se había perdido el objetivo.

Perón dijo a su arribo: Llego casi descarnado; nada puede perturbar mi espíritu porque retorno sin rencores ni pasiones, como no sea la que animó toda mi vida: servir lealmente a la patria.
Sólo pido de los argentinos que tengan fe en el gobierno justicialista, porquew ese ha de ser el punto de partida para la larga marcha que iniciamos.
Tal vez la iniciación de nuestra acción pueda parecer indecisa o imprecisa, pero hay que tener en cuenta las circunstancias enlas que la iniciamos. La situación del país es de tal gravedad, que nadie puede pensar en una construcción en la que no deba participar y colaborar. Este problema, como ya lo he dicho muchas veces, olo qrreglamos entre todos los argentinos o no lo arregla nadie.
Pro eso deseo hacer un llamado a todos, al fin y al cabo hermanos, paa que comencemos a ponernos de acuerdo”
Poco tiempo después deciá: “Existen, sin duda,
Factores negativops que provocan consecuencias a cuyas causas hay que ponerles remedio. Pero ocurren también hechos que sólo obedecen a causas provocadas o invocadas al servicio de una campaña psicológica con fines inconfesables, desarrollados ante la indiferencia de unos y la desaprención de otros y que provocan un estado de cosas que, si bien tioenen un objetivo bastardo, no por ello dejan de perjudicar la confianza popular y la firme decisión que el país debe tener en la reconstrucción y liberaciópn en que estamos empeñados.
Así podríamos estar acercándonos a una lucha cruenta que algunos insensatos intentan provocar en tanto el gobierno se esfuerza por evitarla”.

Desde su regreso a la Argentina, Perón estaba atento y alarmado por el accionar permanente de quienes esperaban el fracaso del sistema democrático y especulaban, una y otra vez, con la aparición de eventuales hechos que hicieran posible una renovada aventura reaccionaria.
Perón sabía que debía erradicar la violencia organizada.
Él solo no podía luchar con el extremismo; ya en 1974 debió implementarse un mecanismo de represión, parecía inevitable. Tenía que enfrentar también a grupos que antes habían colaborado con él, y que habían hecho, en su oportunidad, un valioso aporte en favor de su retorno.
La importancia que el General Perón le dio a la juventud fue directamente proporcional a la preocupación que ésta le generaba por la disputa de una cuota de poder dentro de un movimiento integrado por sectores.
Perón temía que aquella juventud fuera usada por supuestos líderes que hablaban de revolución, vendiendo falsas consignas, que podían significar mandar a morir a una generación entera. Él pretendía una revolución en paz, pero muchos jóvenes no entendían ni aceptaban aquella idea de revolución sin sangre; estaban guiados por nuevos dirigentes.
Es posible que esos jóvenes, usados o no, ignorasen entonces que los sangrientos ríos que iban a correr, llevarían su propia sangre y la de tantos otros inocentes.
El peronismo solo, no podía solucionar una problemática social tan compleja que lo superaba, lo excedía, lo sobrepasaba; y para colmo de males, aquella juventud tan politizada y organizada, se mostraba como nunca antes, ansiosa e impaciente, ya no pedía cambios, los demandaba imperiosamente y por la fuerza. Frente a tanta exigencia, el movimiento terminó por dividirse.
A mediados del 74 el enfrentamiento, entre los distintos grupos en pugna por la herencia política, ya era evidente, y la violencia se habría convertido en el único instrumento capaz de resolver las discrepancias internas.
Una vez fracturado el movimiento, quedaron de un lado los peronistas de siempre, “la ortodoxia”; y del otro, los que gritaban vivamente por “la patria socialista”. Perón quedó en el medio, sirviendo de equilibrio mientras pudo; siempre consciente y convencido de sus límites; él sólo no podía contra la adversidad y él más que nadie, lo sabía.Su interés en la conciliación se advierte, primero, con “la Hora del Pueblo” y, luego, por el diálogo que impulsó y mantuvo con la minoría, intentando la unidad nacional, desde su regreso y hasta la muerte.

Una novedad que se pone vieja

2009-10-08T17:05:00.000-07:00

Recordemos que el 5 de febrero del ´75, la Presidente de la Nación decretó, en acuerdo general de ministros, adoptar medidas para erradicar la subversión que actuaba en la provincia de Tucumán.
La norma legal utilizada para formalizar aquel acto de gobierno, fue un decreto secreto que ordenaba la ejecución de operaciones militares “que fueran necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos...” el decreto establecía la participación del Comando General del Ejercito, del Ministerio del Interior, de la Policía Federa, del Ministerio de Defensa, de la Policía Provincial de Tucumán, de los Comandos Generales de la Armada y la Fuerza Aérea, del Ministerio de Bienestar Social, y de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, el día 9 de febrero se iniciaba en aquella provincia el “Operativo Independencia”; las autoridades nacionales determinaron, así, enfrentar al Ejercito Revolucionario del Pueblo.
Se decía que el objetivo del E.R.P. era, desde hacía ya varios años, utilizar la zona rural y montuosa de Tucumán, para desarrollar ahí una gerrilla que posibilitara declarar a la provincia “Zona liberada”.
Este decreto llevaba las firmas de Estela Martínez de Perón, Rocamora, Savino, López Rega, Ivanissevich, Gómez Morales, Vignes y Otero.

La Unión Cívica Radical señalaba que la ley sobre Defensa Nacional que se estaba considerando, no era ni más ni menos que la anterior "norma vigente durante el gobierno de la Revolución Argentina, a la que se incorporan tres decretos dictados en el interinato del Dr. Italo Argentino Luder..."Asimismo la U.C.R., destacaba la "preocupación del Poder Ejecutivo al someter a la decisión de este Parlamento, que es en definitiva la más auténtica representación del pueblo argentino, la aprobación de tres decretos, que algunos hombres de las Fuerzas Armadas llaman "decretos Luder" -porque fueron dictados durante su interinato- para que sean legitimados con la sanción del Congreso..." -y continuaba el diputado Eduardo Massolo diciendo- "...celebramos que el Poder Ejecutivo, respetando la decisión del pueblo argentino, no se haya querido manejar con los decretos dictados durante el interinato del Dr. Luder y requiera un pronunciamiento expreso del Parlamento respecto de su validez. Esto afianza el proceso institucional en que estamos todos comprometidos". Desde el radicalismo se hacía referencia a la "violencia protegida"; se hacía alusión a "la acción fascista de la derecha, particularmente “Las tres A...” Massolo hablaba de los "círculos minoritarios que quieren a toda costa el golpe de Estado porque es el único medio para poder seguir usufructuando, al margen del pueblo, de los poderes que el pueblo jamás les concedería a través de las urnas".Durante el debate parlamentario se recordó que el año anterior un Comandante General del Ejército, "dignísimo Comandante", a quien el General Perón había honrado con su confianza, advertía sobre la problemática socioeconómica que afectaba "las bases fundamentales de la sociedad tucumana".El Teniente General Anaya consideraba que el Ejército no podía mantenerse allí, en una acción "exclusivamente represiva"; reclamaba medidas de fondo a nivel social para dar solución a los problemas más acuciantes de los tucumanos. Ese Comandante General del Ejército Argentino, luego de entrevistarse con la señora Presidente, y de viajar a Tucumán con ella, regresó y horas después había dejado de ser el Comandante General. Massolo también se recordó el discurso pronunciado el 11 de agosto, Día de la Aeronáutica; dijo que en aquella oportunidad, el Brigadier General Fautario sostuvo que el proyecto nacional que ambicionaba la Fuerza Aérea y la mayoría del pueblo era: "una Nación donde los derechos y necesidades materiales fundamentales del hombre estén asegurados, para que éste pueda optar libremente por el destino trascendente que tiene como persona..." Según el diputado el Brigadier hablaba de "una Nación políticamente independiente"; hablaba de "la participación plena de la comunidad en las decisiones de la vida del país"; hablaba de "una Nación ligada solidariamente a la América Latina y promotora de su unión integral a efectos de potencializar la capacidad de defensa común contra los intentos imperialistas de dominación"; hablaba de "una Nación activamente respetuosa del principio de autodeterminación de los pueblos y, por ello, relacionada política y comercialmente con todos los países de la tierra cualquiera sean sus posturas ideológicas”; “una Nación donde el Estado no sea prescindente ni totalitario..."Aquel diputado nacional del bloque de la Unión Cívica Radical, luego de recordar lo antes expuesto y antes de finalizar, elevó una plegaria al Señor: "que Dios ilumine al Ejército Argentino y lo aleje definitivamente de un golpe de Estado que interrumpa el proceso, para dejar en manos del pueblo la decisión final de su destino".

El 20 de noviembre el diputado Cárdenas comentaba en el recinto, que Bernardo Neustadt había "podido escribir con autoridad lo siguiente": - "La guerrilla es una novedad que se pone vieja, pero está ahí, mortífera, fatal, enterrándonos de a uno, porque la sociedad no ha tomado consciencia de que estamos en una miniatura de guerra civil. Porque vamos de velatorio en velatorio y de sepelio en sepelio como un hábito. Nos amontonamos frente a la muerte. Cada día nos estremecemos menos, aunque gritemos más. Muchos porque la indiferencia forma parte del patrimonio nacional. Este año así como la inflación alcanzará el 300 por ciento, nuestros muertos en la famosa "revolución en paz" alcanzarán casi a los mil ochocientos. Un punto de inflación por día, seis muertos por jornada". -y sigue el periodista-: "¿Qué hacemos? El Ejército lucha en Tucumán. Los organismos de seguridad, policía y gendarmería, matan y mueren, todos desde la soledad. La sensación militar de soledad debe ser tremenda. Se muerden los labios. ¿Estamos en guerra o no?, se preguntan los que están en las trincheras. ¿Estamos en guerra todos o sólo nosotros?"Y aquel diputado nacional manifestaba: "Las campanas siguen doblando sobre la sangre de los combatientes muertos, y en las grandes ciudades los estadios siguen llenándose para ovacionar las exquisiteces de los cracks futbolísticos de moda; las campanas siguen tocando a duelo, y los hipódromos también se llenan, en esta ciudad y en otras, para empujar con los gritos de la multitud las patas del favorito. Pareciera que hay dos países, pero hay uno solo y está gravemente amenazado...”.

El 30 de septiembre del ´75 se había presentado en la Cámara un proyecto de declaración que expresaba un absolutorechazo frente a la posibilidad de que se incorpore a la Carta de Organización de los Estados Americanos –O.E.A.- como uno de sus objetivos fundamentales, el de controlar el desarrollo del poderío atómico de los países de América Latina.
El proyecto de Fernández Valoni –diputado del Frejuli- se basava en que Estados Unidos, siendo miembro, ya poseía un vasto arsenal de armas atómicas; por lo que se advertía la inconveniencia de acordar temas relacionados conla defensa y seguridad de los pueblos latinoamericanos en un foro en el cua alguno de sus integrantes –por su mayor poderío- intentaba ejercer un “tutelaje asfixiante” que operaba, en última instancia, contra el proyecto de unidad y liberación de América Latina.
Washington proponía como uno de los objetivos fundamentales de la O.E.A. coadyuvar a la proscripción de las armas nucleares en América Latina.
Fernández Valoni aclaraba que, “en el concepto nacional y popular de integración, lo continental es lo latinoamericano; y fue en ese marco en el que la política exterior del General Perón impulsó los pasos concretos hacia la unidad de los pueblos latinoamericanos a través –fundamentalmente- de las reuniones de sus cancilleres en una sola voz frente a los conductores de la política de la dependencia…
Este proyecto fue girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; pocos meses después asumía la conducción del país una junta militar. Hoy tenemos las bases del imperio en la región.

El enemigo

2009-10-08T17:04:00.000-07:00

En aquel mismo homenaje que los diputados rendían a José Ignacio Rucci, Carmelo Vinti preguntó: "¿No estará la clase trabajadora redimiendo con su sangre los pecados que se cometen en la Argentina? ¿no querrá Dios que la clase obrera abandone las funciones específicas de su ámbito profesional y se proyecte más allá de ellas? ¿Hasta cuándo la clase obrera seguirá alimentando con su sudor el surco del que los corruptos sacan provecho para sus festines y para seguir explotándola y medrar en detrimento de la grandeza del país?" Monsalve hablaba de la "demencia colectiva"; sostenía que esa demencia se había apoderado de un sector de los argentinos. Hacía referencia a los atentados que se reiteraban a diario cobrando vidas inocentes, como las de niños y niñas que nada tenían que ver con aquellos conflictos que soportaba el país.
Ángel Citati recordaba: “cuando nuestro lider regresó al país nos convocó a sepultar revanchas y a acallar rencores”. Pero también advertía el diputado que Rucci –como Vandor, Alonso, Moreno, Mansilla, Bianculi y otros muchos- fue víctima de la emboscada, “de esas bestias que son alentadas y, con seguridad, mantenidas por aquellos mismos que nos están prometiendo nuevos baños de sangre o que aspiran a reconquistar prebendas que les arrebató el pueblo en la revolución pacífica de las urnas”… “y así como le dijimos al mundo que, con vocación democrática hicimos estallar las urnas de fe argentina y peronista, también estamos dispuestos a enfrentar esa provocación hasta agotar nuestra paciencia; y de ahí en más, estamos dispuestos a hacer tronar el escarmiento”.

Preocupaba cada vez más la situación de ciudadanos detenidos por supuestas infracciones a la ley 20840, de delitos contra el orden institucional y la paz social. Varios diputados entendían que la subversión y el terrorismo habían creado ya un estado de inseguridad e incertidumbre, pero además advertía que, en tales circunstancias, determinados procedimientos realizados por organismos dependientes del Poder Ejecutivo, agudizaban el problema que afrontaba la República. Se aseguraba que esos organismos, en reiteradas oportunidades actuaban por denuncias anónimos, efectuaban allanamientos y privaban de la libertad a ciudadanos que luego, los correspondientes pronunciamientos judiciales disponían libertad provisoria, en algunos casos, y definitiva en otros por falta de méritos; pero que no obstante las conclusiones de los magistrados seguían los detenidos, a disposición del Ejecutivo, razón por la cual se presentó un proyecto de declaración solicitando una mayor agilización en el tratamiento de las actuaciones relacionadas con la ley 20840. El proyecto de declaración había sido presentado por el diputado Vergara que integraba el bloque de la mayoría. Importa señalar que un hijo suyo llevaba seis meses a disposición del Poder Ejecutivo, y en igual situación se encontraban también un hermano y primos de aquel diputado nacional por la provincia de La Rioja. Todo esto se había ventilado, antes de ser tratado en el recinto, en el seno del Frente Justicialista de Liberación. Este proyecto contaba con más de veinte firmas, entre ellas la de Julio Bárbaro. Se trató el 26 de septiembre. El diputado había realizado gestiones orientadas a lograr la libertad de aquellos detenidos, de sus parientes y de otros hombres que él consideraba inocentes. El bloque se interesó y dispuso hacer las averiguaciones tendientes a esclarecer el caso de la familia Vergara. Ni el ministro del Interior, ni el de Defensa, ni el de Justicia, dieron respuesta a la inquietud cursada por escrito, que en su oportunidad remitiera el bloque Justicialista a cada unos de ellos. El único que contestó fue el juez federal de La Rioja, informando que los detenidos mencionados contaban con auto de libertad provisoria y sobreseimiento provisorio, "por no existir motivos jurídicos que aconsejen su detención"... Desde la U.C.R. se daba apoyo al proyecto de declaración, pero además se dejaba constancia de la protesta originada en la falta de tratamiento, por parte del Congreso, de un estado de sitio establecido por decreto, lo que implicaba vulnerar la Constitución Nacional. Otros bloques también adherían. Héctor Sandler destacaba, concretamente, la importancia de respetar la ley, de respetar los procedimientos de rigor y, obviamente, la importancia de respetar los derechos humanos.
El radical Mario Amaya reclamaba el derecho de la oposición de juzgar y llamar la atención al gobierno sobre situaciones que calificaba de “injustas”. Se refería a la situación de los detenidos.
Pidió entonces la palabra el diputado D´Angelo del Frejuli y dijo: “El 25 de mayo de 1973, cuando se votó la ley de amnistía, concurrimos a liberar a 16 detenidos en la carcel de Caseros. Justamente el señor diputado Amaya concurrió con nosotros. Teníamos que liberar a 16 detenidos y también teníamos que poner la firma y hacernos responsables. Pero cuando buscamos al señor diputado Amaya para que pusiera la firma ya no estaba más, se había retirado; y por lo tanto, no firmó la orden de libertad de os detenidos. Esta oportunidad, osea la de expresar lo que siento, hace dos años que la estaba esperando. Por lo tanto, si os detenidos esperan que el señor diputado Amaya ponga la firma para obtener su libertad, van a seguir por muchos años dentro de la cárcel”.
Amaya se justificó y le recordó a D´Angelo que, “en oportunidad de la conferencia de prensa producida por el director de Institutos Penales, Señor Petinatto, el señor diputado no mencionó lo que acaba de expresarme”.
Desde la vicepresidencia primera del bloque de la mayoría, Albeto Stecco, respaldaba total y absolutamente el proyecto presentado por el diputado Vergara, y se expresaba: "...nos duele profundamente, como gobierno y oficialistas, que ocurran estas cosas, que haya inocentes que estén en la cárcel pagando culpas que no son de ellos"(...)"Pero también repudiamos el atropello y la violencia de la guerrilla, y lamentamos tener que recordar en esta Honorable Cámara asesinatos como los de Rucci, Vandor y Mansilla, entre otros. También repudiamos otros hechos similares, como cuando vemos que compañeros de las Fuerzas Armadas caen acribillados, asesinados o maltratados por elementos subversivos que están al servicio de los mercenarios”(...)"Nosotros también repudiamos los asesinatos de los militares, de los sacerdotes, así como el de cualquier ciudadano argentino, entre ellos de los políticos".Por último, desde esa banca se dijo: "...pero también nosotros habremos de solicitar que se persiga implacablemente a los asesinos a sueldo y mercenarios que están en contra de los intereses del país y buscan por todos los medios enfrentar a las Fuerzas Armadas y al pueblo en estos momentos tan difíciles que vive el país; y que se los castigue, así sean estos sacerdotes, militares, dirigentes obreros o políticos que no estén al servicio del quehacer nacional". Juan Carlos Comínguez consideraba necesario, además, que el Congreso de la Nación se pronunciara "por la creación de una comisión investigadora de los crímenes, secuestros y torturas..."El diputado Luis Antonio García confirmó que la Comisión de Asuntos Constitucionales ya había despachado un pedido de informes en relación al tema de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Se refería a los detenidos por los cuales los diputados se habían preocupado: "creo que pronto tendremos la información correspondiente para transmitirla a los legisladores que se han interesado por la suerte de quienes se encuentran detenidos y pueden estarlo, eventualmente, sin causa alguna". O Molina denunciaba: “...gran parte del proceso de violencia que vive el país está instrumentada para crear problemas, perseguir, molestar, disminuir y aherrojar a los jóvenes y para confundir, extraviar o detener la marcha del movimiento obrero hacia la conquista del poder”. Auyero entendía y con razón, que la violencia estaba instalada en nuestra patria; se refería a "la violencia por la privación ilegítima de la libertad".
El diputado Gilberto Molina se había preocupado por detenidos en Córdoba, denunciando que eran muchos los que se encontraban a disposición del Poder Ejecutivo. Hizo referencia al caso de la doctora Penayo, profesora de la Universidad de Córdoba, encarcelada y privada de asistencia médica.
El diputado se había interesado y, haciéndole llegar notas a los ministros Rocamora y Benítez, logró que la doctora fuera trasladada del Departamento de Policía a un lugar de seguridad y puesta a su disposición la correspondiente asistencia médica; finalmente se gestionó el derecho de opción para abandonar el país.
Gilberto Moina también se reunió con el ministro de Justicia Corvalán Nanclares, para conversar sobre los presos de la provincia. En esa oportunidad consiguió que el doctor Abraham Kosak, un profesional que intervino activamente en la reforma universitaria de Córdoba, pudiera optar por salir del país para dirigirse a Venezuela.
Además el diputado Molina pidió que se revisara de inmediato la situación de otros tres profesionales de Córdoba que permanecían detenidos: la doctora Buconic, la abogada y escritora Susana Aguad y el abogado Amalio Rey. Seguía esperando el resultado de su gestión.
Por su parte Carlos Auyero mencionaba otro caso particular, el de Mario Peralta, detenido hacía ya más de seis meses, sobreseído por la justicia pero que permanecía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Mario Peralta pertenecía a la fuerza política de Auyero; era el secretario de la Junta Provincial de Salta.

El 30 de septiembre del '75, la oposición reclamaba del Poder Ejecutivo Nacional, la investigación y el esclarecimiento de todos los crímenes impunes. En aquella oportunidad se dijo, entre otras cosas, que: "Ningún asesino de uno de los sectores ha sido localizado. Primero, fueron las “Tres A”, luego un comando restaurador, y ahora grupos que se desplazan sin impedimento y sin noticia policial cometiendo cómoda y alevosamente crímenes en serie". -y seguía- "En nuestro país existen ejecuciones; la muerte y las formas aberrantes de violencia física y moral crean un clima que no sólo nos priva de la paz social sino que paulatinamente va insensibilizando y corroyendo el espíritu de los argentinos". Por último, se advertía que: "...urgen las medidas decisivas para que no naufrague el proyecto de la democracia en el país". Desde el radicalismo, Horacio Fidel López sostenía que en la República Argentina se había "...instaurado la pena de muerte sin juicio previo"(...)"sin juez que la dicte, sin que haya una ley que la imponga". También dijo: "...pero no sería honesto conmigo mismo si dijera que únicamente la guerrilla dicta y ejecuta la pena de muerte en la República Argentina"(...)"Me refiero, señor Presidente, a la reacción también brutal, que quiere devolver la muerte con la muerte".Aquel diputado aseguraba que la pena de muerte se dictaba preferentemente contra los abogados defensores de los presos políticos. Y desde aquella tribuna se dirigía, el diputado, al entonces presidente en ejercicio de la República, Senador Italo Luder, para pedirle el esclarecimiento de aquellos hechos criminales y para que: "...se sepa que en la República nadie puede gozar de impunidad cuando se atenta contra la vida del hombre".
Se requería investigar particularmente el atentado contra la vida del doctor Felipe Rodríguez Araya y contra el procurador Luis Eduardo Lescano. Se expresaba el más enérgico repudio ante el atentado que les costara la vida. Entre las veinte firmas, que acompañan el proyecto, se lee Nilda Garré.

En octubre de aquel año, diputados de diferentes bloques se unieron en la presentación de un nuevo proyecto de declaración relacionado con la violencia y los crímenes políticos. Se repudiaba una vez más al terrorismo, y se hablaba de: "...intimidación pública; destrucción de barcos, aviones y otros elementos valiosos del patrimonio nacional; atentados domiciliarios y callejeros, a menudo causantes de víctimas inocentes; asesinatos de miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y de la policía; ejecuciones masivas, sistemáticas y sádicas de civiles, sin más imputación posible que sus ideas y actividades políticas legales; asaltos insensatos a unidades militares..." se hablaba de "odios y resentimientos". Por último, la Cámara de Diputados se pronunciaba afirmando: "que reitera su solidaridad con las fuerzas armadas, de seguridad y de la Policía al haber asumido en esta oportunidad la integralidad legal de la represión".Asimismo, se instaba al pueblo para que colaborase "estrechamente en la medida de sus posibilidades". Firman el Vicepresidente 1º del Bloque Justicialista, Alberto Stecco; el Presidente del Bloque Radical, Antonio Tróccoli y acompañan los diputados Falabella, Monsalve, Insúa, Sueldo y

El 13 de noviembre se plantea en la Cámara una cuestión de privilegio. Se denunciaba ante el cuerpo que mediante el "pasquín" -así se lo calificó- "El Caudillo", se había atacado el decoro de diputados de la Nación. El diputado Jesús Porto, afiliado peronista desde 1945, al plantear la cuestión de privilegio, dijo en la Cámara que: "Como está comprobado en el expediente respectivo, que tramita ante el juzgado federal del Dr. Teófilo Lafuente, las "Tres A" tenían su sede en ese momento en el domicilio de esta revista, en la calle Figueroa Alcorta, según verificara un Teniente primero en actividad del Ejército Argentino, quien transmitió por escrito su comprobación al señor jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, Coronel Sosa Molina, quien lo elevó a la superioridad, llegando al Comandante en jefe del Ejército -entonces Teniente General Anaya- quien a su vez lo envió al ministro de Defensa de ese momento, Savino, sin saberse qué pasó después". Porto había sido objeto de "infamias" y amenazas, al igual que otros diputados de aquel entonces. Felizmente la "Triple A" no pudo ejecutar todos sus planes. Tengamos en cuenta que según se afirmó en aquella reunión del 13 de noviembre, el "libelo canallesco" tenía una leyenda que figuraba en todos sus números y que decía: "El mejor enemigo es el enemigo muerto".
Desde la revista acusaban a Porto de traidor y descalificaban a Héctor Sandler, a Luis Rubeo, a Osella Muñóz, a Calabró, a Nilda Garré de Abal Medina, a Juan Racchini y a Palacio Deheza. “A estos también los conocimos naranjos” … “Son los mismos de siempre” … “aprendices de Paladino o Cámpora”.
“El caudillo” además hacía referencia al “Finadito Ortega Peña” y advertían –amenazaban- a los nominados: “estos también están marcados.

El 19 de noviembre se trata en el recinto el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen para la defensa nacional, luego de haber sido analizado por las comisiones de Defensa, de Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal. El miembro informante, José Luis Lazzarini, entre otros conceptos, expresaba que los artículos 25 a 29 del proyecto en consideración, contemplaban los casos de guerra clásica, pero no los de guerra interna o guerrilla. El artículo 30 hacía referencia a una conmoción interior, pero calificada como grave. "Es decir, no se trata de una conmoción interior ordinaria, como las que han dado motivo a la declaración de estado de sitio" –aclaraba el diputado-. Por el artículo 30, el Presidente de la República podría declarar zona de emergencia, "para preservar, mantener o restablecer el orden". En estos casos se requeriría el auxilio de las Fuerzas Armadas. El miembro informante hacía hincapié en que a partir del artículo 30, las comisiones habían sostenido que el Congreso no fuera ajeno a las medidas que pudieran adoptarse. El proyecto también preveía convocar a las Fuerzas Armadas en operaciones militares, sin el previo requisito de la declaración de zona de emergencia.Más allá de las razones expuestas en favor del proyecto; otros legisladores interpretaban que tal como estaba redactado el mismo, de convertirse en ley, significaría dar facultades al Ejecutivo Nacional para decretar zonas de emergencia, designar los comandantes de las zonas afectadas, así como también implicaría imponer la justicia militar y llegado el caso, daría lugar al fusilamiento de militares o civiles, sin la intervención real del Congreso; toda vez que el artículo correspondiente sólo hablaba de "remitir la comunicación al Congreso a sus efectos". A Vicente Musacchio le preocupaba la interpretación del alcance de "a sus efectos". ¿Cuáles serían esos efectos?, inquietaba esto al diputado. En aquella reunión del 19 de noviembre, cuestionó la actitud de determinados sectores que "se dicen cristianos, pero que no están embebidos de la doctrina de Cristo; cumplen formalmente con los mandatos de la Iglesia y semanalmente, también de modo formal, cumplen esos preceptos, pero en realidad no practican los postulados de la Iglesia.” –aclaró Musacchio- y siguió… “Hay quienes se dicen democráticos, pero no están dispuestos a perder sus privilegios...” Y advertió: "No solamente delante de los cañones está el enemigo sino a veces atrás y aconsejando".El proyecto de Ley de Defensa llevaba las firmas de Estela Martínez de Perón y de sus ministros Robledo, Arauz Castex, Corvalán Nanclares, Vottero, Arrighi, Emery, Ruckauf y Cafiero.

Desde el púlpito castrense

2009-10-01T11:38:00.000-07:00

En el día de la Armada, el Almirante E. E. Massera pronunció un discurso. En esa oportunidad, entre otros conceptos expresó: "...la Armada, persuadida de su exacta ubicación dentro del contexto del Estado, reafirma aquí su vocación democrática y su decisión de trabajo, contribuyentes al logro de los objetivos nacionales que, el Preámbulo de nuestra Constitución define con claridad meridiana"(...)"cree en los derechos y garantías que asegura nuestra Carta Magna y está convencida que el sistema republicano, representativo y federal de gobierno es el que protege en mejor medida esa libertad, esos derechos y esas garantías"(...)"se sabe objetiva, prudente y directa, jamás ingenua o inocente. Puede reconocer a quienes, tal como hoy ocurre con la subversión, creen poder maniobrar impunemente o imponer su voluntad a otros hombres y, se siente segura en fuerza y en derechos para enfrentarlos y destruirlos. Es por esta razón que ante el extremismo de cualquier signo y credo que compromete la seguridad interior con su secuela de crímenes, atentando contra la esencia misma del ser argentino, la Armada vive en guerra y participa en esta lucha con la energía y decisión clásicas de su patrimonio histórico"(...)"Respeta el orden como elemento básico para las grandes realizaciones nacionales, pero orden en su concepto integral, amplio y profundo"(...)"puede y debe esperarse de la Armada el apoyo consciente al proceso institucional y su respeto y subordinación a las autoridades legítimamente elegidas por su pueblo"(...)-En su discurso, el Almirante destacó que la Armada modelaba a sus hombres, a esos hombres, "imbuidos del amor a Dios y a la patria y respetuosos del concepto cristiano de familia"...-El Almirante expresó que "...de estos hombres la Nación puede esperar el mayor de los sacrificios y desprendimientos y la máxima dedicación puesta al servicio de los intereses nacionales". Massera aseguraba entonces que: "...puede y debe esperarse de la Armada lealtad y sinceridad absolutas".

En el día del Ejército, el Comandante General Numa Laplane habló de "...aventar falsas apreciaciones motivadas por apresurados pronósticos sobre la realidad futura de la fuerza, realizados en los últimos días. El Ejército continuará en el cumplimiento de su misión de velar por la soberanía nacional y afianzar la consolidación de las instituciones, acompañando el proceso en desarrollo en la búsqueda y consecución de los grandes objetivos nacionales. Lo hará, brindando una imagen de profesionalismo, cohesión y eficiencia y sin incurrir en sectarismos de ninguna naturaleza"(...)"Es por lo menos ociosa la aflicción de algunos al pensar que la institución, saliéndose de madre, pueda atentar contra aquello por lo que debe velar. Es por lo menos capcioso el intento de otros, por lograr que la institución lejos de acompañar el proceso nacional lo interrumpa dando una muestra de inmadurez, o cometiendo pecado de inadvertencia e inexperiencia"."A todos los que dudan, a todos los que especulan, les anunciamos que será vano todo intento".-El Teniente General Numa Laplane también expresó que el Ejército "hace caso omiso de los que en una función didáctica digna de mejor destino, pretenden demostrarle que la eventual interrupción del proceso sería legítima, moral y justa. No cree en los modelos con que se lo pretende tentar pues los ensayó a todos".-Numa Laplane dijo también: "Repito, todo esto podrá parecer reiterativo pero todavía hay argentinos a los que ni nuestros muertos han convencido de la firme determinación de no prestarnos más al juego de salir de los carriles constitucionales, esto sólo serviría para sumir al país en un caos que lo entregaría inerme en manos de sus enemigos".-Aquel Comandante General afirmó que: "La eficiencia es la que nos ha permitido, en cumplimiento de directivas del Poder Ejecutivo Nacional, entrar en operaciones en Tucumán, con absoluta fe en el triunfo final. Todos deben ser conscientes que lo que allí se realiza no es espectacular, no es fácil, ni será rápido; pero todos los argentinos genuinos deben confiar en que el éxito ha de coronar la tarea".-Por último, el Comandante destacaba la tradición católica del Ejército y relacionaba la celebración de su día, que coincidía con el de la Sagrada Eucaristía.
Promediando mayo del ´75 fue relevado el Teniente General Leandro Anaya, después de haber advertido éste a Isabel Perón, sobre la necesidad de acompañar la actividad del Ejecutivo en Tucumán con medidas económicas y sociales. Anaya sostenía que la represión, por sí sola, no tenía mayor sentido al no estar acompañada de una política integral en la provincia.
Anaya fue entonces reemplazado por Numa Laplane, pero el malestar que generó meses después la designación del coronel Vicente Damasco como Ministro del Interior, derivó en una nueva sustitución.
El general Jorge Rafael Videla pasa así a ocupar el cargo que deja Laplane. Esto precipita la definición de una interna en el Ejército.
Es así que se produce un cambio en las Fuerzas Armadas, desplazándose a los sectores convencidos de mantenerse firmes del lado de la democracia; ubicando en su lugar a los golpistas.

En el día de la Fuerza Aérea, su Comandante General, Brigadier General Héctor Luis Fautario, pronunció el discurso de estilo, y entonces dijo: "Estamos atravesando una crisis. ¡Pero que no nos atemoricen las palabras! Crisis no significa otra cosa que una encrucijada con desembocadura; una instancia dramática, y a la vez esperanzada, que debe estimular el protagonismo de todos y cada uno de los compatriotas, y no sumirnos en el temor ni en el desaliento. Pareciera como si una misteriosa enfermedad nos aquejara, paralizando la tradicional capacidad de los argentinos para acometer las más difíciles empresas. Lo cierto es que vivimos inmersos en una atmósfera cargada de teorizaciones, de dialécticas y de retóricas que han terminado por agobiarnos, confundirnos y anularnos"(...)"Vivimos acumulando planes sobre planes, sin alcanzar nunca a materializarlos completamente. Nos hemos acostumbrado a vivir en la anarquía que produce el cambio permanente de las reglas de juego"..."Reclamamos constantemente moral y conducta, pero nos movemos, sin escandalizar de ello, en un clima donde se escucha hablar de corrupción y mentira, y donde la honradez y la probidad no cuentan cuando se trata de alcanzar o mantener posiciones de privilegio. Los argentinos somos conscientes de estos y otros muchos males. Todos tenemos algo de culpa en ellos"(...)"La crisis se origina siempre en el ánimo, y desarrollada, vuelve sobre él, cerrando un círculo. La crisis nacional se supera con un criterio nacional; con fe en el país y confianza en nosotros mismos, restableciendo el orden mental de cada uno y sobre todo el orden de los valores esenciales".-El Brigadier General se refería a las "creencias básicas como factores aglutinantes y orientadores del ser nacional". En aquella oportunidad, el Brigadier proponía que: "Hagamos los argentinos de hoy un gran acto de sinceramiento sobre nuestros males y sobre nuestras culpas. Y luego, con perseverancia, encaremos los problemas y acometamos las grandes tareas del despegue nacional, hasta que cada problema esté resuelto y cada tarea definitivamente cumplida".-Fautario destacaba la capacidad del argentino, su inteligencia, su imaginación, su nivel cultural y habilidad técnica para el trabajo; y agregaba: "Pero son sobre todo sus virtudes morales las que hacen vislumbrar la grandeza que le aguarda: su amor a la patria y su innato culto a la libertad; su comprensión del sentido del derecho natural de la propiedad y de la solidaridad social, su apego a la familia y al espíritu cristiano que informa toda su vida; su generosa entrega a las nobles causas; su afán de paz, y su coraje en la defensa de todo eso".-El Brigadier sostenía que: "...para llegar a destino los argentinos debemos tener claro hacia dónde queremos ir". Destacaba la importancia de enfrentar –racional e integralmente- la delincuencia subversiva con todos los medios que, legítimamente, la nación tiene a su alcance. "Tengan los compatriotas la seguridad de que su Fuerza Aérea no se presta a egoístas especulaciones sectoriales o personales, encuadrando su acción en el marco de su competencia, sin incursionar en áreas ajenas a su ámbito y sin responder a otros intereses que no sean los de la Nación misma".-Por último, el Brigadier Fautario decía: "Invoquemos con recogimiento a Dios. Pidámosle con cristiana convicción que nos guíe y nos proteja. Que inspire, ilumine y ayude a nuestros gobernantes en su difícil cometido de promotores del bien común. Que otorgue fortaleza y templanza a los argentinos para sobrellevar nuestras dificultades presentes. Y que bendiga a la patria toda, porque en su bendición, que imploramos, estará la gracia que precisamos".
En diciembre del ´75, este comandante general de la Fuerza Aérea, debió soportar una rebelión en la base de Morón –en la séptima brigada aérea- en el mismo lugar en que aterrizó el 20 de junio del ´73 el avión que trajo al país a Juan Domingo Perón. Ahí empezó y terminó un pasaje de nuestra historia.
La sublevación fue encabezada por el brigadier Jesús Capellini.
Esta crisis obligó a pasar a retiro a Héctor Faustario y a poner en ese cargo a Orlando Ramón Agosti.
Las piezas se iban acomodando una tras otra. El 19 de diciembre Isabel ya no gobernaba, pero los militares necesitaban unos tres meses para organizarse, para repartirse cuotas de poder y para cubrir los principales cargos públicos.
Los últimos decretos de Isabel Martínez se enmarcarían en el escenario del cambio de un estado a otro; sería una fase intermedia, un período de transición.
Ya no habría nada bueno que esperar.

El 20 de agosto de 1975, la Cámara de Diputados había votado afirmativamente un proyecto de declaración que decía: "Expresar su más enérgico repudio ante los atentados terroristas perpetrados de los que resultaron víctimas el Capitán del Ejército Mario Alberto Keller, el Cabo primero Miguel D. Juárez y la familia Pujadas" firman el proyecto de declaración Sánchez Toranzo, Pedrini, Tróccoli, Portero y otros. En aquella reunión se pidió agregar al texto en cuestión a los servidores del orden público caídos ese mismo día, en cumplimiento del deber, en la Capital Federal y en la ciudad de Córdoba.También se solicitó mencionar a los servidores del orden público caídos en la ciudad de Córdoba poco tiempo antes, al intentar desactivar bombas colocadas por terroristas. Se aclaraba entonces, en este último pedido, que no interesaba el signo del terrorismo, se lo condenaba sin importar cuál fuera su divisa o escarapela.La Cámara una vez más repudiaba un atentado terrorista; en esa oportunidad el “hecho criminal” había sido perpetrado en la provincia de Tucumán contra un avión de la Fuerza Aérea. Las víctimas, soldados argentinos, conscriptos y militares de carrera.En los fundamentos del proyecto de resolución presentado por el diputado Lencina, mediante el cual se manifestaba el repudio; entre otros conceptos se expresaba en relación a las víctimas: "Ellos son como los obreros del surco, como los bancarios, como los ferroviarios, como los médicos. Viven de un sueldo y con ese sueldo hacen frente a la vida para proyectar a sus familias en una sociedad a la que todos aspiramos hacerla mejor. Muy por el contrario, los asesinos de la emboscada no viven de profesiones conocidas. No tienen fondos lícitos para su supervivencia, ni la de ellos ni la de sus familias. Estos son los hijos del privilegio. Viven del pecoreo, de los asaltos, de los secuestros. No intentan corregir una sociedad que puede ser justa o injusta. Buscan la destrucción por la destrucción misma. Quieren quebrar al país. Por eso Tucumán es su teatro. Los hijos del privilegio afrentan a los hijos del trabajo”. Otro proyecto de resolución se presentó en la Reunión 28ª de la H.C.D. con la firma de Osvaldo Benedetti, quien expresó un enérgico repudio por las nuevas acciones terroristas del 27 de agosto del '75, ejecutadas en la ciudad de Buenos Aires y que ponían de manifiesto el desprecio por las vidas puestas en peligro y "por los más elementales valores humanos".El artículo 2º del proyecto textualmente decía: "Señalar su preocupación por la reiteración de estos episodios, y reclamar del Poder Ejecutivo la adopción de las medidas necesarias y eficaces para asegurar la paz y el orden frente a la acción de estos grupos disolventes".En los fundamentos se destacaba la "honda preocupación y angustia por los hechos terroristas que ponen en peligro vidas y bienes de sus habitantes".En aquella reunión se condenaba una vez los reiterados hechos de barbarie.
Los tres proyectos fueron presentados en repudio ante las acciones terroristas consumadas en la ciudad de Córdoba, en la Capital Federal y en San Miguel de Tucumán.
El Teniente Coronel Julio Argentino del Valle Larrabure había sido secuestrado el 12 de agosto del año anterior por el E.R.P., durante el asalto a la fábrica militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Córdoba.
En abril de 1975 su hermano, Narciso Aurelio Larrabure, mediante una publicación, pide al E.R.P. entrevistar al teniente coronel “para certificar fehacientemente si se le da el trato de prisionero de guerra y, más aún el estado de su salud”.
El 23 de agosto del ´75 el Comando General del Ejército dio a conocer un comunicado informando que, ese día, había sido encontrado el cadaver de Larrabure en un baldío cercano a la ciudad de Rosario.

En la misa oficiada en memoria del Coronel Larrabure, el provicario castrense se habría expresado de manera agraviante contra las instituciones, incitando a las Fuerzas Armadas para que éstas actuasen directamente en ámbitos que irían más allá del marco de su misión y funciones establecidas conforme al ordenamiento constitucional. Las expresiones, que merecieron el calificativo de "insólitas", fueron interpretadas por diputados nacionales, como un auspicio al quiebre del orden institucional. Esto dio lugar a la presentación de un proyecto de declaración, contra los conceptos vertidos por Monseñor Victorio Bonamin, difundidos el 24 de septiembre del '75. El 25 de septiembre, se rendía homenaje a José Ignacio Rucci; y más allá de todas las palabras de reconocimiento hacia su persona, se escuchó en el recinto manifestaciones tales como: "No nos extraña, por ejemplo, que los voceros de delirantes propósitos golpistas sean los mismos que horas antes de cometerse el cobarde asesinato de Rucci suscribieran notas periodísticas que no eran más que un justificativo previo al alevoso crimen que habría de cometerse momentos después. Esos mismos que alentaban y promocionaban a la guerrilla sangrienta son los que hoy pretenden culpar al gobierno de la subversión terrorista. Porque entonces no hacían un balance de las muertes, como lo hacen hoy, sino que las justificaban, aún antes que éstas ocurrieran"(...)"Pero lo que sí nos acongoja, lo que sí nos duele, es que haya quienes, por vocación espiritual y por su propio ministerio, debieran ser portadores de mensajes de paz y no incitar al enfrentamiento fratricida. Porque nos duele como argentinos, como trabajadores, como cristianos, que se utilice el púlpito de la casa de Dios para crear diferencias entre compatriotas, para demostrar que hay réprobos y elegidos" –expresó Ángel Citati-.
Massera, navegando a dos aguas, hablaba de “guerra”; Numa Laplane y Fautario optaban por mantener la democracia, aunqueen terapia intensiva. La Iglesia temeraria, desde el púlpito castrense, auspiciaba el golpe.

La profecía del dolor

2009-09-27T08:52:00.000-07:00

Diputados justicialistas entendían que determinada persona que hubiera recuperado su libertad por orden judicial, no obstante ello, podía ser nuevamente detenida por el Poder Ejecutivo por razones políticas de su exclusiva evaluación. Sostenían que el Presidente de la República podía disponer la detención política de aquellos individuos considerados, por el Ejecutivo Nacional, como peligrosos en un estado de emergencia. Jorge Salomón decía además que así como el Poder Judicial juzga y reprime, el Ejecutivo resguarda el orden y asegura la tranquilidad. De esa manera -decía- durante el estado de sitio permanecía vigente la división de poderes; pues la privación de la libertad en la esfera judicial respondía, como siempre, a la necesidad de procurar descubrir y sancionar delitos, y la dispuesta por el Ejecutivo obedecería a razones de seguridad pública en defensa de la Constitución Nacional.
El gobierno insistía en recordar que una vez iniciado el proceso democrático en 1973, por un acuerdo espontáneo de los partidos políticos, se dictó una ley de amnistía intentando borrar todo lo ocurrido hasta ese entónces. Sin embargo, los nuevos hechos de violencia que comenzaron a producirse en el país, al poner en peligro la vida institucional, la paz y la tranquilidad de la población, fueron generando la necesidad de decretar el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Una de las causas invocadas por el Poder Ejecutivo era la existencia de grupos organizados que querían cambiar por la violencia el régiman de gobierno; el Ejecutivo sostenía que la intención de estos grupos ya no era cambiar un gobierno sino cambia el sistema de gobierno, cambiar la vida institucional de la República.
Pero además, desde el gabinete de ministros se decía que, incluso, quienes externamente querían someter al país a los grandes capitales, alentaban a la violencia de izquierda porque así se podría generar un estado de situación propicio para la destrucción de la Argentina.
Según el Poder Ejecutivo, éstas serían las causas que obligaron a dictar leyes penales represivas, para enfrentar la violencia alentada por elementos internos y por organizaciones externas de izquierda que actuaban en todo el mundo y organizaciones de capitales que también buscaban nuestro sometimiento.

Los diputados estaban preocupados por las organizaciones terroristas que actuaban en el país. Francisco Moyano quería investigar a fondo ese gravísimo problema que significaba el terrorismo. Reclamaba orden y seguridad; quería saber sobre el Ejército Revolucionario del Pueblo, sobre los Montoneros, sobre la Triple "A". Consideraba que era muy poco lo que se les había informado sobre las organizaciones guerrilleras. Calificaba de escandaloso el caso de los hermanos Born, no sólo por el tema del rescate, sino además por el hecho de haber aparecido en los medios periodísticos la conferencia de prensa de los montoneros, declarando lo que habían realizado sobre el particular. Todo esto merecía una profunda investigación, al igual que el caso de la Standard Oil. Leopoldo Suárez opinaba que, el alejamiento de los ex ministros de Bienestar Social y de Economía, oxigenaba el ambiente del país y al mismo tiempo permitía manifestar ante el gobierno la visión del drama profundo que se estaba padeciendo.Apuntaba contra los interventores de provincias y otros funcionarios que cumplían funciones en puestos claves en el gobierno y en organismos oficiales. Invocaba la falta de confianza, y decía que todo funcionario cuestionado debía optar por un renunciamiento para favorecer la acción de la Presidente de la República. Pedía conformar un gabinete que inspirase confianza y generase un clima propicio para encarar medidas orientadas a superar aquella crisis. Dijo entonces: "Han caído obreros, de uno y otro sector; han caído dirigentes obreros importantes; han caído políticos y diputados; han caído figuras ponderables de las Fuerzas Armadas que han absorbido tales bajas en la lucha con gran patriotismo y gran serenidad, comprendiendo que se trataba de actos de provocación que realizaba la guerrilla, que las hostilizaba en procura de la ruptura del orden institucional". Lamentaba haber tenido que manifestar, en el recinto de aquella Cámara, la existencia de torturados. Ante las torturas se esperaba el accionar de la Justicia para condenar a los torturadores; pero también se reclamaba una acción del gobierno, tendiente a limpiar de torturadores a las fuerzas de la policía. Se decía que frente a los colaboradores de siempre que formaban el elenco estable en los golpes de Estado y que procuraban detener el proceso democrático, se debía imponer la responsabilidad del Congreso y la responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Se planteaba que la gente quería que alguien ejerciera el poder, el gobierno; que no fuera un dictador sino que diera soluciones concretas.

Durante aquellas reuniones en la Cámara de Diputados, se había hablado de una serie de temas, todos relacionados entre sí. Se había hablado de los partidos políticos, de una eventual convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, del estado de sitio, de la subversión, de la seguridad pública, de las intervenciones federales, de los presos políticos. También se habló de la política económica y de la política exterior; de la política universitaria. Se habló de estrategia y se pidió información técnica de carácter militar. Se describió el estado de crisis y violencia. Ricardo Falú admitió que los resultados obtenidos por el gobierno para desactivar la violencia no habían sido absolutamente satisfactorios; decía tener conciencia de ello, pero señalaba que no era una lucha fácil, ni era un fenómeno exclusivo de Argentina; también aseguró que era algo más que una lucha ideológica para quedarse con el poder por medio de la fuerza. Dijo que era algo mucho más complejo, donde jugaban otros intereses bastardos y subalternos. Insistía en aclarar que no se trataba de una guerrilla sencilla, sino que era un enemigo con grandes recursos, con armas y dinero. Luego habló de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, y en tal sentido afirmó que la filosofía política del movimiento justicialista no era materialista sino humanista y que su filosofía atendía a los derechos sociales, como a los derechos humanos. Y frente a los defectos en la lucha contra la subversión que pudieron dar origen a tantas críticas, así como también ante los eventuales excesos tal vez cometidos por los organismos de seguridad y los que todavía podrían llegar a cometerse, resultaba positivo que esos casos se ventilaran en el Parlamento para que los legisladores, de cualquier signo, informaran a las autoridades "que no siempre son responsables de la ejecución de tales actos". Aclaró que en el caso de haber torturas, no bastaba con denunciarlas y condenar a los torturadores, también había que evitarlas -decía- y afirmaba que no existía en los hombres del gobierno justicialista el menor deseo de dejar estos excesos en la impunidad.
Con relación a la independencia del Poder Judicial, Antonio Benítez destacaba la convicción de que “el buen juez es casi el que hace la paz de la República”. Y agregaba que ningún magistrado podía decir que había sido “presionado, hablado o indicado”.
El ministro del interior antes se había desempeñado como ministro de justicia y ofrecía dos casos a título de ejemplo: el del doctor Cermesoni, a quien había propuesto para su designación y Valerio Pico, ascendido a camarista. Según Benítez, ambos jueces con frecuencia resolvían los problemas en contra de las pretensiones del Poder Ejecutivo y, sin embargo, el gobierno mantenía con ellos cordiales relaciones. Además aseguraba tener un respeto reverencial por el Poder Judicial, ya que decía haber pertenecido a él desde temprana edad, cuando comenzó cosiendo expedientes.

También se habló de la determinación de Isabel Perón de realizar próximamente una convocatoria a todas las fuerzas políticas, a los legisladores, a las Fuerzas Armadas y a los empresarios y obreros para apalear la crisis económica mediante un plan de emergencia que fuera consensuado por todos los sectores. El diputado Falú recordó en esa oportunidad aquella frase del General Perón: "A esto lo vamos a arreglar entre todos, o no lo arregla nadie". Además dijo: "...nosotros tuvimos vacilaciones, fallas, marchas y contramarchas; hay quienes formulan tales objeciones con el espíritu de mejorar, de perfeccionar y de colaborar con el gobierno de la República; pero también hay quienes los señalan no con ese espíritu, sino con el propósito de convocar a las fuerzas del mal y con la finalidad de destruir a las instituciones de la República, terminar con la democracia en que vivimos, instaurar una nueva dictadura...". Ya se advertía que se corría el riesgo de hacer correr tanta sangre por toda la Nación. Desde esa misma banca se pedía prudencia en la ponderación de la situación del país; se pedía no trasmitir una visión apocalíptica. Se requería serenar los espíritus y medir las expresiones. Preocupaba la imagen caótica que se trasmitía. –“están golpeando las puertas de las calamidades”-.
El radical Leopoldo Suárez anunciaba: “éste no será un golpe de Estado como los de siempre donde desfilen por la avenida de Mayo y pongan cuatro cañones en la Casa de Gobieno”… “este golpe no será como las revoluciones que derrocaron a Illia o a Frondizi, o al propio Perón. Han cambiado totalmente las circunstancias sociales y políticas del país. De manera que éste es un negocio que no le conviene a las fuerzas armadas ni a la civilidad”.
Se anunciaba “un baño de sangre” y el pueblo ni se enteró.

El ministro del Interior Antonio Benítez, en su juventud había sido el abogado defensor del derrocado presidente Hipólito Yrigoyen. Había sido una de sus primeras experiencias como hombre de leyes. Por defender a Yrigoyen había caído preso durante cuatro meses. Decía sentirse orgulloso de aquella prisión, y señalaba que a Yrigoyen lo conoció primero preso y luego liberado, y aseguraba haber recibido de él inolvidables enseñanzas. Benítez sostenía que: "Hipólito Yrigoyen fue el que dio vida política al país, así como llegó después Juan Perón y dio vida y libertad social a la Argentina".

Terminando aquella reunión manifestó el ministro: "He venido -dije- no a oír sino a escuchar. Y he escuchado. Saco de aquí muchas enseñanzas y muchas inquietudes, pero también un poco de dolor. En momentos en que casualmente, se llega al Congreso de la Nación utilizando este tono menor, pidiendo la colaboración y ofreciendo el cambio en aquellos aspectos que fueren necesarios, se dicen en esta Cámara quizá las palabras más grandilocuentes, más fuertes y airadas que haya oído este Parlamento en muchos años".
El gobierno de Isabel parecía agotarse. Intentó sacar fuerzas de flaqueza; quiso hacer un último esfuerzo y apostó al Parlamento –a los juegos florales, al certámen poético del radicalismo-. El gobierno intentó jugarse la última carta; pero el ministro al final quedó enredado, como tantos otros, en el viejo juego de las palabras, que no siempre es un juego limpio.
La oposición apostaba a un futuro mejor, a una mejor oportunidad, que llegaría después del trabajo sucio que harían “los uniformes”.

Muerte detrás de la catedral

2009-09-24T05:36:00.000-07:00

Preocupaba un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se ascendería al personal policial retirado y, entre otros, a quienes habrían sido procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Nuevamente enla Cámara se hacía referencia al caso del principal (R) Rodolfo Eduardo Almirón; También se mencionó el tema de Juan Ramón Morales, un ex comisario que había sido expulsado de la fuerza policial cinco años antes.
Se planteaba la necesidad de garantizar desde el Estado que el ejercicio de la fuerza, a su cargo, estuviera en manos de personas no incursas en delitos de ninguna especie. Se imponía controlar el sistema de ascensos, reincorporaciones y llamados al servicio; se reclamaba un control y saneamiento de la fuerza de seguridad.
El tema subyacente era “La Triple A”.

Fernando Mauhum le preguntaba al gobierno, ¿cuándo terminaría con la insólita representación presidencial que no abandonaba el ex ministro de Bienestar Social en Europa? lo calificaba "vergüenza nacional". No entendía aquella representación luego de haber sido, ese funcionario, "virtualmente expulsado del país y supuestamente incurso en la comisión de graves delitos".
Se reclamaba el esclarecimiento del acto de terrorismo que destruyó los talleres del diario "La Voz del Interior" de Córdoba; que fue en principio atribuido a algunos agentes de la intervención federal y que de no cumplirse en informar los resultados de la investigación, daría lugar a sospechar que algo se pretendería ocultar. En el juzgado federal de Río Cuarto se encontraban –según se decía-depositadas ametralladoras que, presuntamente, habían sido provistas por el ministerio de Bienestar Social y que fueron oportunamente secuestradas a hombres que, no obstante haber sido acusados por la comisión de varios delitos, seguían prestando servicios en la provincia de Córdoba, designados por la intervención federal, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, como empleados administrativos a pesar de sus prontuarios. El diputado Mauhum se refería a la intervención calificándola de inepta y rapaz. Denunciaba negociados y un manejo doloso de los dineros públicos y destacaba que todo esto ocurría mientras en la provincia no había fondos ni siquiera para pagar los sueldos del mes.
Con relación a las intervenciones federales, el gobierno de Isabel Perón consideraba integrar la breve nómina d elos que menos intervenciones habían enviado. Se aseguraba que durante la primera presidencia de Yrigoyen fueron (19) los casos que, sumados a los de Alvear y a los producidos en el segundo mandato de don Hipólito, llegaron a ser (23) las intervencione federales decididas en tiempos de ejercer el poder aquela fuerza política.
Durante las tres presidencias de Juan Perón se enviaron (12) intervenciones federales las que, sumadas a las de Isabel Martínez, no superaban y ni siquiera alcanzában el número de las ordenadas por gobiernos radicales.

En Córdoba la situación era dramática. Otro radical, Manuel Molinari Romero decía que en la mediterránea provincia se torturaba hasta la muerte; denunció algunos casos concretos. Comentó que él había conocido de manera directa el caso del joven estudiante, cuya detención oficialmente se negaba y que finalmente se encontró su cadáver en la morgue; habiendo sido su padre avisado por gente extraña a la autoridad provincial.También denunció el caso del ciudadano Ernst, que entró a una dependencia policial con su nombre cambiado para disimular su detención y luego se lo encontró acribillado a balazos. El diputado sostenía que todo esto se realizaba, fundamentalmente, en una sección de la policía, ubicada en el pasaje Santa Catalina de la ciudad de Córdoba, detrás de la Catedral. Queda claro que, de hecho, se aplicaba la pena de muerte en el país y, como ya vimos, una parte del oficialismo hablaba de las “ratas sucias en su madriguera” y había expresado la idea de “terminar con las ratas”, de “perseguir y matar como a ratas” a los responsables del caos y la desesperación. Han pasado tres décadas y media desde entonces y ahora, nuevamente, desde una fuerza política en democracia se reedita este pensamiento. En Gálvez, provincia de Santa Fe, un candidato a consejal por el Pro, el doctor Fornari, especialista en animales, de origen radical, ha dicho en septiembre de 2009 que a los delincuentes instalados en Gálvez habría que matarlos como a ratas, porque son como ratas y se reproducen como tales. Agrega que él mismo se ocuparía de prenderles fuego. Luego dijo estar arrepentido de sus expresiones, pero la idea ya quedó flotando en el aire. Una vida rodeada de animales enfermó a Jorge Fornari de mimetismo agudo con alguna de esas especies con las que estableció contacto; antes era un conocido veterinario de origen radical.

Con relación a los atentados contra "La Voz del Interior", se hizo notar que no se le había brindado la necesaria custodia; pero además se dijo que en oportunidad de encontrarse un pequeño grupo de agentes de policía en el interior del edificio, frente a un ataque, ocurrió que, "curiosamente", los policías se habrían quedado sin balas y así el atentado se realizó "a mansalva". Mauhum describía el estado de aquella ciudad, con los puentes cerrados, como si se ocupara, como si fuera una ciudad sitiada.

En la provincia de Santa Fe se integró una liga de padres de presos políticos, lo que obviamente demuestra la realidad del país.Resulta importante destacar que el diputado Evaristo Monsalve, en su oportunidad expresó que más allá de obtener o no respuestas; le bastaba con haber planteado el problema. Y dijo que era importante aquel razonamiento dado que se buscaba reflejar, de manera elocuente, lo que ocurría por aquellos días de dolor. También decía en la Cámara que, habiendo sido identificados los asesinos de cinco cooperativistas de Armstrong, fueron absueltos. Eran policías de Córdoba y estaban en libertad.Indignaba la impunidad, y daba vergüenza que las fuerzas destinadas a preservar el orden, operasen como criminales matando a los ciudadanos. Decía además que los diputados de la mayoría vivían, aparentemente, fuera de la realidad, fuera del país, en otro mundo, con el engreimiento que da la impunidad o el mayor número de votos obtenidos en las últimas elecciones.Aseveraban desde la oposición, que el país se encontraba en quiebra en lo económico y en lo moral y sostenían que desde el oficialismo no podían comprender que no se trataba de salvar a una fuerza política; se trataba de salvar al país -decían-. E insistían en calificar la situación que vivía el país, como una "situación dramática". Monsalve manifestó con claridad: "Si alguna vez tenemos que mirar con nostalgia este orden en el cual vivimos, no deseo hacerlo sintiendo vergüenza de mí mismo por haber callado algo que debía decir". El diputado tenía sobre su banca una carta con sello de censura del Instituto Correccional Modelo de Coronda, Jefatura de Seguridad Interna. La carta había sido enviada por un abogado que, por haberse interesado en un asunto acompañando a familiares de algunos detenidos, terminó ocupando, también él, un lugar en la celda. El letrado le pedía al diputado, que le hiciera llegar esa nota al doctor Ernesto Prieto, subsecretario del Ministerio del Interior, para que se informara y tomara las medidas conducentes al esclarecimiento de la cuestión.

Desde el Frejuli, José Luis Lazzarini afirmaba que durante el estado de sitio se suspendían las garantías constitucionales, vale decir todos los derechos consagrados por la Constitución Nacional. Cuando se le preguntó al diputado oficialista si también el derecho a la vida quedaba suspendido; la respuesta fue la siguiente: "El derecho a la vida es un derecho natural, para los que creemos en la existencia de los derechos naturales. Yo me estoy refiriendo a los derechos constitucionales, que comprenden también el derecho a la vida, pues éste, en una Constitución que admite la pena de muerte es, al mismo tiempo, un derecho que está regulado por la propia Constitución. De modo que el derecho a la vida también está comprendido en la enumeración de los derechos constitucionales". Agregaba que la eventual suspensión de todos los derechos constitucionales, opera siempre de manera facultativa, implica una opción que juega a favor del Estado, para llegado el caso, durante el estado de sitio, se pueda actuar sin el obstáculo de los derechos constitucionales.A mayor abundancia de información y argumentos, el oficialismo destacaba que el acto político, en este caso, para ellos no justiciable, no era arbitrario sino discrecional y enmarcado en la propia Constitución. Y esos actos por lo tanto no serían revisables por ser de privativa competencia del Ejecutivo. Pero asimismo admitían que existían otros actos cometidos con motivo de implantarse el estado de sitio, y los que sí podían ser sometidos al correspondiente control de razonabilidad. Éstos serían actos realizados más allá del arresto y del traslado de ciudadanos; por ejemplo el cierre de diarios, la suspensión de actos públicos, etc., etc. Desde esa misma banca se opinó que el estado de sitio era una institución con rango constitucional dispuesta en defensa de la propia Constitución, de las legítimas autoridades por ella creadas, y también en defensa de la vida y bienes de los habitantes; y que la razón de su aplicación respondía, en aquella oportunidad, al estado de conmoción interna innegable, que desde hacía tiempo padecía la República. Los casos denunciados, tanto de excesos como de torturas, se dijo que fueron sometidos a la jurisdicción de los tribunales competentes y, la justicia en todos los casos ha actuado con absoluta independencia –expresó Lazzarini-
Aquí me quiero detener para volver a la actualidad y para reflexionar sobre un tema que no es menor, el de la pena de muerte. Todos sabemos que cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, dentro de los Tratados, Convenciones y Pactos que se incorporaron con jerarquía Constitucional, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica. Esta Convención protege el derecho a la vida y, obviamente, rechaza la aplicación de la pena de muerte. Ahora bien; el artículo 18 de la misma Constitución Nacional establece que queda abolida para siempre la pena de muerte por causas políticas, o sea que estaría abriendo otras posibilidades.
Pero además, el artículo 69, que tampoco fue modificado en 1994, dice que ningún legislador puede ser arrestado excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, etc, etc, etc.
Estos dos artículos –el 18 y el 69- han quedado así por el famoso Núcleo de Coincidencias Básicas.
Para mi gusto, es lamentable que hayan quedado, y lo vengo diciendo desde que se reformó la Constitución. No olvidemos que en el `79 se decía que el 24 de marzo de 1976 había nacido una nueva Constitución que incluía a la anterior; un nuevo sistema constitucional, que no estaba en contraposición con la Carta Magna del 53 sino que se había convertido en la forma moderna de defenderla en un medio distinto del que la promulgó.
Con este tipo de argumentos, la Corte Suprema de Justicia, en dictadura, convalidó la suspensión del derecho constitucional de opción a salir del país, que tienen los detenidos políticos durante el estado de sitio.
Con este mismo argumento, se anularon garantías constitucionales que debían tener los ciudadanos en resguardo de su libertad, frente al poder del gobierno de facto. Pero para la Corte de la dictadura, el Estatuto del “Proceso” y las Actas de la Junta Militar tenían tanto valor, o más, que la Constitución.
Frente a este tipo de argumentos, que nunca faltan, siempre es preferible prevenir y, por eso insisto que, la pena de muerte no debería haber quedado latente en ningún artículo de la Ley Suprema.

Ojalá que desaparezca

2009-09-17T08:37:00.000-07:00

Desde el Gobierno Nacional se argumentaba que aquella ola de agitación política, que se vivía en el país, respondía exclusivamente a un próximo proceso electoral. Esa afirmación fue inmediatamente rechazada; el diputado Fernández Gill sostuvo en cambio que las fuerzas políticas no vivían en un estado de agitación sino en un estado de angustia por lo que estaba sucediendo en el país. Angustia que vivían además de los partidos políticos, el sector gremial y el de los empresarios, la universidad y la Iglesia y tal vez más profundamente las Fuerzas Armadas, que debían asumir la responsabilidad histórica de custodiar el orden constitucional.
Se le preguntaba al gobierno, qué medidas pensaba adoptar para modificar su situación internacional de desprestigio. Y se hacía referencia a un hecho lamentable; se decía que ya en el exterior, con motivo de acordarse operaciones de crédito, habían sido cuestionadas las garantías del Banco Central y del Banco de la Nación. Guillermo Fernández Gill insistía en la angustia que generaba la mala imagen que el país proyectaba en el exterior.

Muchos creían que no se estaban tomando los recaudos necesarios frente a la subversión que originaba tantas muertes y secuestros, y advertían que la declaración del estado de sitio lejos estaba de frenar la violencia. Un año después de haberse implantado aquella medida, los resultados eran, “más muertos” –según aseguraba el radical Mario Abel Amaya-, quien además decía que el estado de sitio nada había solucionado. Insistía en investigar el accionar de la "Triple A", que según informaciones periodísticas, durante el último año se habría adjudicado más de ochenta muertes; y consideraba que no se estaban analizando correctamente los hechos y circunstancias y por lo tanto cualquier medida que se adoptara sería equivocada. Se preguntaba ¿por qué existían determinados organismos que no eran los conocidos de seguridad?, ¿por qué aparecían personas armadas en diferentes dependencias del Estado? Y ¿por qué atacaban a quienes deberían proteger?
Amaya hablaba por ejemplo del I.N.T.I. y de Vialidad Nacional. Preguntaban por determinadas personas que habían actuado acompañando al ex ministro López Rega y que aparecían de nuevo vinculadas a circunstancias y hechos de subversión. El diputado se refería concretamente a Rodolfo Almirón, a Juan Ramón Morales, a Miguel Rovira, y a varios otros nombres cuestionados que figuraban en una publicación del dierio “La Opinión”.
Sobre las víctimas de la “Triple A” rechazaba la hipótesis oficial orientada a relacionar, por ejemplo, al sacerdote saleciano Carlos Dorac y al padre Mujica con la subvesión que habría decidido matarlos con las balas de sus propios compañeros.

Héctor Sandler relató un hecho que consideró ilustrativo e importante para graficar lo que estaba pasando en el país. Dijo que un ciudadano uruguayo –untal Rodrigo Calderón-, con radicación definitiva legalmente otorgada, fue sorprendido en su lugar de trabajo y trasladado en calidad de detenido. Luego de un par de semanas su familia toma conocimiento de su paradero; se encontraba en jurisdicción de la Superintendencia de Seguridad, sin que pudieran acceder letrados ni familiares. Las autoridades le dispensaron al joven el ejercicio del derecho de opción para salir del país. Optó por viajar a Francia, y a las 48 horas se embarcó en Ezeiza en un avión con destino a aquel país de opción. Estando en vuelo advirtió que era el único embarcado y preguntó a qué hora llegaría al aeropuerto de Orly; supo en ese momento que el verdadero destino sería Montevideo. Lo esperaba la policía uruguaya. Todo esto lo conoció el diputado porque agentes de una compañía de aviación lo habían puesto al tanto de lo ocurrido. Se había tratado de una extradición de hecho.
Sandler decía que la violencia de izquierda, que se ejercía con el objetivo de modificar el estado de las cosas, era nefasta como mecanismo; pero la otra violencia, la que se ejercía para sostener las cosas en su mismo estado, burlando el orden constitucional, era mucho peor, porque generaba una confusión que no permitía saber quién era quién.
A la primera, la de izquierda, podríamos combatirla con mecanismos de defensa o de transformación social; pero la otra no admitía excusas.
El diputado pensaba que estaban sirviendo ellos mismos de "máscaras de proa de un aparato ciertamente represor", que se habría mantenido más allá de su voluntad, "en términos demasiado semejantes a los que tenía en momentos en que el pueblo estaba absolutamente excluido de todo tipo de participación". Se dijo entonces que el reglamento de peligrosidad no era idéntico al anterior, vigente en la dictadura, pero se podría afirmar que era similar en su espíritu. Héctor Sandler, al referirse a la violencia subversiva de izquierda, dice: “es nefasta para el orden constitucional, y ojalá acertemos en los mecanismos para que desaparezca”.
Eduardo Massolo pretendía la derogación del decreto 807/75, tildándolo de inconstitucional, invocando que era el Congreso el único competente para reglamentar una garantía constitucional, en este caso, el derecho de opción para salir del país, y sin poder alterar la esencia de toda libertad consagrada por la ley fundamental de la Nación.

Más allá de las denuncias, que no habían sido pocas, más allá de todo lo descripto y de todas las manifestaciones de preocupación, desde la bancada oficialista se aseguraba que tanto la señora Presidente de la Nación como los miembros del gobierno y los diputados de los diferentes sectores, actuaban todos con el pensamiento puesto en los "derechos humanos" proclamados por las Naciones Unidas en 1948. A renglón seguido, Jesús Porto afirmaba que en aquel año la universidad estaba apaciguada, y que los estudiantes se dedicaban solamente a estudiar, del mismo modo que los enfermos acudían a los hospitales únicamente a hacerse atender, sin que por ello cada uno llegase a resignar su pensamiento político.
Con relación a las provincias, la intervención federal a dos de ellas obedecía a lo dispuesto por decretos del Poder Ejecutivo, otras tres habían sido intervenidas por ley; y siempre con los debidos fundamentos, argumentando estar subvertido el sistema republicano de gobierno –afirmaba Porto-.
El mismo diputado oficialista, entre otras cosas, propuso una "moratoria de la deuda externa", invocando que Inglaterra lo había hecho con nosotros después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que las necesidades de su pueblo tenían prioridad, -y agregaba- "¿por qué no lo podemos hacer nosotros si lo hizo la importante y caballeresca Inglaterra?", "ahorraríamos 800 millones de dólares en un año". Recordaba también que en España, en tiempos de crisis económica, los españoles no podían salir del país para hacer turismo en el exterior. Únicamente en determinados casos demostrando necesidad y urgencia, se les otorgaba permiso. Calculaba el legislador que así podíamos los argentinos ahorrar otros 600 millones de dólares por año; y proponía más medidas para ahorrar otros 600 millones, mediante una modificación en materia de petróleo.

Otro tema que inquietaba en el Parlamento, era el "avasallamiento de las autonomías provinciales".
Se insistía nuevamente en asegurar que se vivían momentos muy difíciles y excepcionales que hacían tambalear al país y a sus instituciones. La crisis afectaba, según este diagnóstico, a los poderes del Estado. Fernández Bedoya decía que la crisis era económica y era social; aseguraba que como resultado de esta crisis económico-social se producía también la crisis política. Acusaba y responsabilizaba a la política económica impuesta por el ingeniero Rodrigo, que había puesto a prueba -dijo- la unidad de un oficialismo en estado de precariedad después de la muerte del General Perón. Este diputado radical, le advertía a la mayoría que gobernaba que se estaba "tomando por un atajo de donde difícilmente se pueda salir", y sostenía además que el oficialismo ponía en evidencia una permanente lucha interna por la ambición de lograr más importantes espacios políticos. Preocupaba que el peronismo trasladaba sus temas internos al ámbito de las instituciones.
Fernández Bedoya recordaba inclusive que el Rodrigazo había sido tan duro y sorpresivo, e ignorado por muchos hombres del oficialismo, presentado como hecho consumado y en contra del programa de gobierno consensuado en 1973; expresaba que esa situación alarmante, producto de aquella acción del Poder Ejecutivo, daba lugar al quiebre de la unidad del oficialismo.
Por otra parte, aquel plan del ingeniero significaba una caída del nivel de vida del pueblo, una caída del consumo, una falta de liquidez y de crédito bancario; significaba una suerte de parálisis.
Se decía que se habría oficializado la usura, y que los bancos del país cobraban intereses usurarios.
Se temía el comienzo de la recesión y los despidos en masa.

Con relación a la lucha antisubversiva, María Cristina Guzmán señalaba que no estaba en manos de las fuerzas armadas, con excepción del caso concreto de Tucumán, y volvía a preguntar si había centralización en la conducción y si había descentralización en la ejecución. Insistía en preguntar por la acción psicológica.
Y, ante la insistencia, fueron contestadas afirmativamente las dos primeras preguntas; la tercera mereció una respuesta más amplia; Benítez dijo que efectivamente se estaba realizando una acción psicológica, pero se aclaró que el gobierno no quería aparecer "manejando el espíritu de nuestro pueblo"; además dijo que el gobierno podía prever los hechos a cumplirse, pero "queremos que nuestros pueblo sea él mismo quien se maneje por sí en este sentido".
En cuanto a cómo se hacía la acción psicológica, Benítez respondió que se realizaba por medio de la educación, de la acción social, mediante contactos directos y, fundamentalmente, creando "un estado de conciencia en el pueblo en el sentido de que él mismo debe defenderse de la agresión que recibe desde adentro y desde afuera".
Guzmán preguntó también por los organismos de información e inteligencia.
Se hizo referencia entonces a las unidades de inteligencia y al organismo que centralizaba la información, la evaluaba y trasmitía al ministro del Interior o a las fuerzas de seguridad con relación a las diferentes alternativas posibles de adoptar. Cuando se preguntó si había códigos unificados, la respuesta fue: “si hay códigos y cuáles son esos códigos, no lo puedo informar en una sesión pública. Sólo podría hacerlo en una sesión secreta”.

Los recién nacidos y el almirante

2009-09-16T13:12:00.000-07:00

Francisco Falabella planteaba con preocupación, el desborde de organizaciones gremiales y corporaciones destinadas a defender intereses sectoriales que habían estado trabando y dificultando la acción del gobierno. Consideraba que aquellas fuerzas podrían llegar a presionar sobre las demás y, al anularlas, llegarían tal vez a ocupar el poder político. Temía, ese diputado, que finalmente aquellas fuerzas fueran manejadas por otros signos. Temía que la Argentina llegase a padecer el mismo drama que ya habían sufrido otros países. Falabella hablaba de los “impulsos y desbordes de los poderes gremiales”.
Reclamaba medidas para frenar a los gremios, invocando la necesidad de liberar al poder político de las presiones que aquellos ejercían, y así poder manejar con independencia y autonomía su función. Acusaba a los gremios, adjudicándoles la responsabilidad de todos los males, económicos, sociales, e inclusive políticos. Se refería a “las fuerzas de sector”, a las “organizaciones sectoriales” y al “interés sectorial”.
La respuesta no se hizo esperar; Alberto Stecco le recordó al diputado preopinante que, durante la dictadura de turno, una vez cerrado el Congreso de la Nación, el único Parlamento que tuvo el pueblo fueron la C.G.T. y los sindicatos, y sus dirigentes, lejos de creerse los dueños de la República, lo habían pagado con la cárcel y con sus vidas. Se le remarcó además que tanto la C.G.T. como las 62 Organizaciones tenían el respaldo del pueblo trabajador, que muchos políticos no podían tener.
Y se le advirtió que el movimiento obrero peronista jamás había sido clasista; que el movimiento obrero justicialista estaba en la tercera posición y renegaba del clasismo, renegaba del clasismo marxista y renegaba del clasismo comunista. Se insistía en hablar del trapo rojo que, según algunos, otros querían enarbolar como bandera. Concretamente, desde el oficialismo se afirmaba que se quería implantar, en nuestro país, “ese trapo rojo”.

También era preocupante la situación económica y financiera que afectaba a la industria editorial, a los empresarios, a los gráficos, a los periodistas.
José Zamanillo aseguraba que tanto los diarios como las revistas habían sufrido una caída en su tiraje, que en determinados casos significaba una baja de hasta el cincuenta por ciento. Decía que las más perjudicadas eran, obviamente, las pequeñas y medianas empresas que, lógicamente, terminarían por prescindir del servicio de gran parte de su personal. Esto también se vinculaba, en algún punto, con la libertad de expresión y con la cultura en un aspecto más amplio; esto entorpecía el desarrollo mismo de la cultura.
Zamanillo da algunos ejemplos de medios periodísticos que habían sufrido clausura, produciéndose una violación a la libertad de expresión y al mismo tiempo destaca una serie de despidos que lesionaba la economía de tantos y tantos trabajadores –sigue diciendo el diputado-.
Primero fue "El Mundo" que despidió a 350 personas; luego fue el diario "Noticias", con 270 trabajadores; después "Crónica" dejando en la calle a más de mil empleados, y también se clausuró "La Calle", con 250 trabajadores. Heca referencia a los perjuicios, que eran múltiples; entre las medidas económicas y las clausuras de los medios, se afectaba el derecho a la información, se atentaba contra la libertad de prensa y de expresión, y además se generaban despidos masivos. El resultado no podía ser peor, no podía ser más negativo.
Zamanillo propone levantar la clausura de los diarios y revistas.
En rigor de verdad, también fueron objeto de prohibición otras publicaciones, tales como “El peronista”, “Militancia Peronista”, “Satiricón”, “Última Hora”, “El Auténtico”, “Satirik” y, por último, ¡La Opinión”.

Nos vamos a detener en el primero de la nómina, en el diario “El Mundo”, para verlo a título de ejemplo-
El Presidente Juan Perón firmó el decreto 811/74, apoyándose en la declaración de ilegalidad que pesaba sobre la organización “Ejército Revolucionario del Pueblo” –según decreto Nº 1454/73 de fecha 23 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial el mismo día que se asesinaba a José Ignacio Rucci-. Se decía en los considerandos que, ya por decreto 1529/73, el Poder Ejecutivo había dispuesto la clausura del diario “El Mundo”, en ejercicio del poder de policía; medida levantada en su oportunidad por decreto 1573/73.
Pero se habría seguido atentamente la acción del citado periódico y se advertía una clara concomitancia con el accionar de las organizaciones ilícitas, “manifestada a través de la difusión y exaltación de sus actividades, de la particular calificación de sus actos nunca definidos como delitos, el menoscabo permanente de las instituciones y de las organizaciones del cuerpo social de la Nación, la incitación a la subversión y a la violencia contra aquéllas y sus autoridades legítimamente constituidas”- Se le reprochaba a “El Mundo” su “prédica antinacional”-
La editora dueña del diario se presentó ante la Justicia por vía de recurso de amparo. La acción interpuesta prosperó a través de resoluciones judiciales de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones. El caso llegó a la Corte Suprema y ésta falló a favor del gobierno y así se mantuvo firme la prohibición dispuesta por el Ejecutivo.
El decreto 811 del 14 de marzo de 1974, lleva la firma de Juán Domingo Perón, Taiana, Otero, Gelbard y López Rega.

No se aceptaba, en absoluto, la tesis del Ministro del Interior que sostenía que la "Triple A" era una especie de "entelequia". La hipótesis del titular de esa cartera se basaba en suponer que los actos terroristas, bien podían ser cometidos por hombres que ejecutaban a sus propios compañeros y que luego esa organización, conocida como las "Tres A", se atribuyera esos crímenes. Esto para el diputado Rafael Marino era, lisa y llanamente, inadmisible y se ponía como ejemplo el caso del Senador Solari Yrigoyen, el primero de los hechos que se atribuyó la Alianza Anticomunista Argentina; nadie podía poner en tela de juicio la trayectoria impecable de aquel legislador, como tampoco la de otras personas víctimas de esa organización. Daba otro ejemplo, el de la licenciada María del Cármen Maggi, decana de La Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, que había “desaparecido” de su casa substraída por personal que se identificó como perteneciente a la Policía Federal.
Nadie podía ignorar que muy pocos abogados se atrevían a defender a los acusados, porque de hacerlo, de inmediato serían amenazados y perseguidos; al poco tiempo les llegaría la bomba y sufrirían un atentado. Sobre este tema, el doctor Benítez agregaba a título de respuesta que, si había abogados amenazados o dañados por defender a gente de izquierda; como ministro de Justicia ya no encontraba quien quisiera desempeñarse como juez federal de instrucción en el ámbito de la República, porque cada juez que procesaba, a un hombre de izquierda, era amenazado él y su familia, cuando no destruída su casa.
Para entonces, agosto del '75, se hablaba ya de dos mil personas detenidas a disposición del P.E.N.
Se reiteraba la imprudencia del gobierno frente a los recursos de hábeas corpus. Marino relato el caso de un abogado que, a pesar de haber sido resuelta su causa favorablemente en sede judicial, el anterior ministro del Interior se presentó, en calidad de parte, e interpuso recurso de apelación; lo que mereció el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones que entendió que el recurso había sido mal concedido. La intervención de aquel ministro que ocupaba la cartera, significó extender la detención del profesional casi un mes más, cuando ya se le había acordado el derecho de abandonar el país. Se dijo que casos como ese representaban verdaderas injurias a los derechos humanos.

Se atacaba al decreto 831/75 que establecía la tramitación, del pedido de opción de salir del país, ante el Ministerio del Interior, y otorgaba a esa cartera tres días hábiles para reunir toda la documentación, los antecedentes, y luego le asignaba al ministerio sesenta días hábiles para evaluar la información obtenida. El mismo decreto disponía que la resolución del Poder Ejecutivo que denegase la opción para salir del país era apelable ante la Justicia. La pregunta era entonces ¿cuándo se podía negar el derecho constitucional de opción durante el estado de sitio?; podía negarse solamente en los casos en que hubiera una causa procesal, entonces no procedería la opción y en tales circunstancias resultaría ocioso el pronunciamiento del ministro.
Siguiendo el razonamiento del diputado Marino era evidente que el gobierno, mediante el decreto 831 se estaba atribuyendo como se dijo facultades jurisdiccionales, lo que importaba una invasión al Judicial. La resolución del Ejecutivo sería apelada, lógicamente, en caso de denegación. El diputado preguntaba ¿por qué no estaba detenido el ex ministro Rodrigo, que había producido una conmoción interior desde la cartera de economía? ¿y por qué no José López Rega que también había producido una verdadera conmoción?
Con referencia a los abogados que se atrevían a defender en juicio a determinados detenidos, se advertía que eran muy pocos, porque todos sabían que, de hacerlo, sufrirían algún atentado; pero se señalaba que, no obstante ello, había profesionales que seguían defendiendo a los acusados por la comisión de determinado tipo de delitos.

El diputado justicialista Brito Lima recordaba que catorce años atrás, vale decir en 1961, él había sido atacado por la Policía Federal, y relacionaba ese hecho con la aplicación del plan Conintes. Decía eso con la intención de comparar los tiempos políticos e intentar demostrar que en 1975 el Justicialismo ofrecía garantías para el ejercicio pleno de los derechos a toda la población.
Con relación al derecho de opción para salir del país durante el estado de sitio, la Corte Suprema de Justicia interpretó que no se trataba de una facultad del Poder Ejecutivo, sino de una garantía constitucional acordada al ciudadano detenido, en resguardo de su libertad, frente al poder político. La Corte entendía que debía hacer lugar a los habeas corpus.
Este criterio varió después del 24 de marzo del `76, cuando cambió la Corte y sus nuevos integrantes se apegaron al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y a las Actas de la Junta Militar, que expresaban sus objetivos; considerando que todo esto se integraba a la Constitución Nacional y, por lo tanto, se convalidó la suspensión del derecho de opción a salir del país, en función de la “seguridad nacional” y de un “estado de necesidad”, que invocaba el gobierno de facto.

Otros legisladores analizaban la situación general del país y arribaban a diferentes conclusiones. Uno de ellos, el radical Adolfo Gass, volvía su mirada sobre aquella ceremonia del 25 de mayo del '73; allí, en un palco del recinto de la Cámara, se encontraban entonces varios presidentes de países de Latinoamérica. Detuvo su mirada en la figura del primer mandatario chileno, Salvador Allende, quien en aquella oportunidad haciendo uso de la palabra, mereció una ovación inolvidable. El diputado reflexionaba y decía: "Seguramente qué lejos estaría Salvador Allende de pensar aquel 25 de mayo que poco tiempo después un sucio cuartelazo iba a hacer caer las instituciones de ese gran país amigo y hermano que es la República de Chile”. Qué lejos estaría de pensar que al poco tiempo sus seguidores, sus muchachos socialistas, sus muchachos radicales, que trataban de apoyarlo tendrían que asilarse en nuestra embajada, viniendo luego a Ezeiza, donde varios diputados tuvimos que esforzarnos bastante para darles garantías –seguía diciendo Gass-. Muchos de esos ciudadanos chilenos que vinieron a nuestro país son del Partido Radical de Chile y no terroristas ni guerrilleros, pero muchos de ellos están hoy en las cárceles. Y hay una cosa que me sorprende; después que el señor ministro de Relaciones Exteriores visita Chile y se entrevista con el ministro Huerta y con el presidente Pinochet -no me queda más remedio que llamarlo "presidente"-, cuando regresa a la República Argentina hay una escalada contra los ciudadanos chilenos. ¿Qué compromiso se había contraído para que después de su regreso de Chile se empezara a detener indiscriminadamente a ciudadanos chilenos? “No defiendo a los guerrilleros y vuelvo a repetir que muchos de esos detenidos son del Partido Radical de Chile y nunca tuvieron nada que ver con la guerrilla”.
El gobierno por su parte sostenía que había dado cumplimiento a los principios del derecho de asilo, recibiendo a mil docientos refugiados en su embajada en Chile –Todos de izquierda- brindándoles la más amplia protección, asignándoles el destino que debía dárseles en el país, y que nadie respetó.
El gobierno aclaraba que, a esos refugiados, se les había dado destino en lugares alejados de la república de donde procedían, como es de aplicación internacional,; y destacaba que ninguno respetó esa obligación de residencia. El gobierno los acusaba de haberse repartido por el país y de ser, en gran medida, los agitadores que estaban operando en Argentina, abusando del derecho de asilarse que el gobierno nacional les había reconocido.

Adolfo Gass preguntaba, ¿cuántos ciudadanos chilenos y uruguayos habían sido asesinados a partir de agosto del '73 en nuestro país? ¿qué hacían en la Argentina? y ¿por qué habían sido asesinados?
En aquella reunión se insinuó, quizá por primera vez, el tema de los desaparecidos. Se dijo: "Han desaparecido misteriosamente. Mejor dicho, no han desaparecido, sino que se han encontrado sus cadáveres".
Y también en aquella misma reunión de agosto del '75 se insinuó quizás por primera vez otro tema que aún lastima a los argentinos. Se dijo que en un pabellón de 22 metros por 9, el pabellón 49 de mujeres de la Unidad II de Villa Devoto; se encontraban sesenta mujeres hacinadas, con diez bebés recién nacidos. Preguntaba el diputado Gass, “¿Y estos recién nacidos, qué culpa están pagando?”
Las ideas flotaban en el aire; cualquiera podía tomarlas y darles forma. Sólo faltaba trazar el plan, tener la disposición, y ejecutarlo. Para ello había qie cambiar figuras; sólo podía quedar en su lugar el Almirante.

Días tristes para la Argentina

2009-09-05T22:37:00.000-07:00

Otras fuerzas políticas con representación parlamentaria ponían el acento en la necesidad de recuperar el orden; hablaban del problema socioeconómico y fundamentalmente del tema psicosocial y lo relacionaban con la captación de la subversión. Preocupaba, especialmente, la crisis moral que afectaba al país. Y se expresaba que "la estructura moral del gobierno no es sino la estructura moral de los gobernantes". En estos términos, la diputada Cristina Guzmán requería de los funcionarios la capacidad de mostrar una virtud humana total, ser ejemplo de la moral predicada. Hablaba del riesgo de agotarnos en la mediocridad; cuestionaba tanto las improvisaciones como las vacilaciones y también las acciones inorgánicas.
Guzmán advertía que la soberanía nacional dependía de la actitud de los gobernantes, y decía que éstos debían resolver las cuestiones de Estado, atendiendo los intereses del país, sin dar prioridad a los intereses de un sector. Esta diputada denunciaba que en el término de un año, desde el 1º de julio del '74, ya se habían registrado, según crónicas periodísticas, quinientos noventa muertos. Preguntaba si se había diseñado alguna estrategia antisubversiva que fuera integral; sostenía que entendiendo a la guerra subversiva como una totalidad, la guerra antisubversiva también merecía ser encarada como una totalidad.
Ella marcaba los tres campos de acción a tener en cuenta: el político, económico y social, por una parte, el jurídico, y también el estratégico militar. Así se analizó en el recinto cada uno de estos aspectos, cada uno de estos campos y se advirtió, de alguna manera, la falta de coordinación.
La diputada requería "la centralización en la conducción y la descentralización en la ejecución", y cuestionaba la capacidad de decisión a nivel político. Mediante este discurso, la Fuerza Federalista Popular le daba importancia a la acción psicológica como arma moderna y criticaba que no fuera instrumentada. Reclamaba una acción psicológica coordinada eficientemente con las provincias y se interesaba por conocer el grado de participación de las Fuerzas Armadas en la represión. La diputada quería saber si los presupuestos asignados a los organismos de seguridad eran los mismos de siempre o habían sido reforzados. Finalmente, preguntaba por la toma de decisiones, por los organismos de información e inteligencia y por los planes logísticos.

Algunos diputados se interesaban por el estado de precariedad en que se encontraban los detenidos por causas políticas, por su alimentación, por la falta de asistencia médica, por el hacinamiento, por la falta de higiene, por el régimen de visitas. Lucena criticaba el régimen carcelario; pedía el levantamiento del estado de sitio y reclamaba en favor de los detenidos; pedía que éstos pudieran ejercer su derecho de opción para salir del país.
Luis Lucena insistía en la necesidad de adoptar medidas complementarias y concurrentes, orientadas a revertir la grave situación. Solicitaba medidas concretas para ser aplicadas en el campo psicosocial y económicosocial, más allá de lo estratégico en la lucha antisubversiva en terreno bélico. El diputado hablaba puntualmente del operativo Tucumán; así como también de la situación de las provincias intervenidas, pidiendo la convocatoria a elecciones para normalizarlas institucionalmente. Reclamaba un mayor diálogo entre el oficialismo y la oposición. Entonces marcaba, crudamente, la diferencia entre una Argentina marginada y otra Argentina opulenta, y relacionaba esa abismal diferencia con las convulsiones sociales y con el estado crítico en que se encontraba la República.
Por otra parte Harrington quería tener información sobre la edad promedio de los presos políticos; temía que muchos de ellos fueran muy jóvenes. En ese caso -decía- el tema sería mucho más grave, y peor aún si entre ellos hubiera algunos inocentes. Pedía que, tratándose de jóvenes, los sumarios tramitasen rápidamente para evitar daños irreparables con consecuencias definitivas para el porvenir espiritual de una juventud recuperable para el país.
Con relación a la intervención federal en las provincias, Harrington exigía terminar con aquella situación anormal y, en tal sentido, afirmaba que más allá de los errores, los gobiernos son siempre mejores que las intervenciones. Analizó entonces en breve síntesis lo ocurrido en Córdoba en marzo del '74, en Mendoza en agosto del '74, en Formosa en noviembre del '73, en Santa Cruz en octubre del '74, en Salta en noviembre del '74.
Decía por ejemplo que en Córdoba, si bien el interventor manifestaba por todos los medios de difusión que en esa provincia se vivía en el mejor de los mundos, que había terminado la guerrilla y que el clima era de absoluta tranquilidad; al mismo tiempo, mientras el interventor hacía esas afirmaciones, se registraba una conmoción tal, que la provincia se había transformado en un verdadero volcán. Afirmaba también que las intervenciones siempre agravan las situaciones de conflicto. Se requería así la convocatoria a elecciones para vivir "en un estado de gracia democrática"; para dejar de sentirse el ruido mortal de las metralletas, y para comenzar a oírse el sonido de las armas del pensamiento.
Estimaban algunos legisladores que el uso que se estaba haciendo del estado de sitio, ya era excesivo por parte del Ejecutivo Nacional. Galván consideraba que el poder administrador, lamentablemente prevalecía sobre los pronunciamientos judiciales. El diputado insistía en la interpretación restrictiva que debía darse a la suspensión de las garantías individuales entendiendo que esa medida extrema alcanzaba únicamente a los derechos políticos y civiles, pero además señalaba la importancia de la medida en relación directa con aquella necesidad de suprimir el estado de conmoción interna, razón por la cual, la suspensión de garantías debía hacerse –según el diputado-atendiendo caso por caso, en función de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional a quien ejerciera la presidencia de la República, sin posibilidad alguna de legar esa atribución. Galván también marcaba la importancia de respetar las debidas garantías del proceso judicial, más allá de la potestad del Ejecutivo, que se limitaría a disponer el arresto y traslado de un punto a otro del país, si la persona afectada no optase por salir del territorio nacional. Sostenía además que el estado de sitio coexistía con la plenitud del Poder Judicial; por eso destacaba el sinsentido de estar frente a casos concretos, en los que personas sometidas a la jurisdicción del Poder Judicial por determinación del gobierno, luego de obtener beneficio de excarcelación, luego de una sentencia absolutoria, volvían a ser puestas a disposición del Poder Ejecutivo. Con relación a la libertad de prensa, preocupaba las numerosas clausuras que impedían la circulación de periódicos y revistas.
Raúl Galván recordaba entonces el pensamiento de Alfredo Palacios, expresado en el Senado de la Nación en 1934, cuando sostuvo que durante el estado de sitio la acción del Poder Ejecutivo no podía recaer sobre las cosas. Dijo además, invocando un pronunciamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales de 1868, que el estado de sitio no podía afectar la libertad política de expresión. No es el estado de sitio "una mordaza" destinada a silenciar el pensamiento.

Inquietaba, y mucho, la detención de varios abogados, y se requería del Poder Ejecutivo la mayor prudencia frente a casos en que procediera a detener a profesionales auxiliares de la justicia.
Se recordaban los compromisos interpartidarios celebrados en 1972 cuando se dijo que el estado de sitio podía ser declarado únicamente por el Poder Legislativo y por un tiempo determinado.
Galván solicitaba una vez más el levantamiento de la medida, salvo en determinados lugares de real conmoción interna y mediante información y justificación correspondiente por parte del Ejecutivo. Aclaraba que los compromisos invocados de "La Hora del Pueblo", no habían sido compromisos de claudicaciones, ni acuerdos entre traficantes, tampoco un pacto para repartirse cuotas de poder; sino un conjunto de coincidencias que, de no ser reconocidas, implicaría renegar del compromiso en sí, de la palabra entonces empeñada y, por ende, de las responsabilidades que en aquella oportunidad se hubieran asumido.

Se decía que, había determinados interventores que habiendo impuesto en sus respectivas provincias inéditos proyectos, contrarios al espíritu democrático de las instituciones, pretendían también lograr a nivel nacional la organización de movimientos de lucha y, para ello, se ocupaban de realizar convocatorias por medio de comunicados que denominaban "Acta de Unidad y Solidaridad", mediante los cuales aconsejaban sobre diferentes problemas nacionales. Aquellos interventores pretendían, según dijo entonces Mario Grau, reunir a todas las fuerzas, tanto políticas como sociales, para lograr una integración "no democrática". En tal sentido advirtió sobre la idea que aquellos tenían de reformar la Constitución Nacional con miras a incluir, en su texto, ciertos principios propios de la doctrina del partido político gobernante. Grau destacaba la importancia de todas las conquistas, tanto en lo social como en lo económico, y señalaba la necesidad de llegar a realizarlas respetando las instituciones de la democracia, considerando que de lo contrario podríamos ingresar sin querer en un régimen totalitario, y agregaba que ese régimen totalitario asomaba a cada momento por todos los rincones del país.

El diputado Mario Agustín Grau, del radicalismo, apelaba al diálogo y decía estar convencido de ser éste un instrumento de pacificación y conciliación que sirve a la causa nacional y que, en el orden universal, es la palanca que mueve la política en el mundo. “Definitivamente, creo que el diálogo no debe ser utilizado por razones circunstanciales o meramente especulativas, sino que debe ser incorporado, de una vez por todas, a las prácticas políticas de nuestro país”.

Otro radical, Carlos Fonte, también denunciaba como su presidente de bloque, Antonio Tróccoli, la negación de un sistema de universidad democrática. Interpretaban que aquel gobierno registraba dos turnos universitarios, ambos incorrectos por la inobservancia de la ley universitaria. Fonte advertía que la universidad no debía ser un sectarismo; debía ser todo lo contrario. Necesitaba ser justamente el ámbito, por excelencia, de razonamiento y exposición de todas las ideas y convicciones filosóficas, políticas, culturales. El radicalismo criticaba el cercenamiento del derecho a informarse y, obviamente, hacía una vez más referencia a la libertad de prensa y de expresión. Preocupaba la política oficial en relación con el tema de la importación y exportación de libros y revistas. Se argumentaba que las medidas impuestas por el gobierno trababan el proceso cultural, por impedir al estudiante el acceso a fuentes de información necesarias para su educación y cultura.
Inquietaba el nivel de las luchas internas que soportaba el partido oficialista y que repercutían profundamente en el ámbito gubernamental.
Fonte reclamaba asegurar el restablecimiento de la libertad y de las garantías consagradas por la Constitución Nacional; reclamaba también que aquel proceso continuase cumpliendo con los claros objetivos determinados por la ciudadanía, y decía: “no nos atrevemos -ni pretendemos que nadie se atreva- a precipitar la caída de las piedras para que la República entre en la más tremenda confusión y en el más profundo de sus dramas. Debemos recuperar la senda de la que el país nunca debió apartarse. Lo que sucede en el gobierno es de su absoluta responsabilidad y no de otros sectores. Hemos hecho todos los esfuerzos comunes necesarios para defender el hombre argentino y para llegar a este proceso. Queremos que éste avance con seguridad y afirme la prosperidad de la República”.

Por si parte Rabanal insistía en reclamar un cambio concreto tendiente a respetar la voluntad popular expresada en las urnas en marzo y en septiembre del '73; exigía retomar el programa elaborado en función de coincidencias básicas, para así superar una crisis política que merecía algo más que un mero cambio de hombres en el gabinete.
Se imponía revertir una realidad, un grave problema social que había comenzado como producto de la política económica, como consecuencia de medidas aplicadas por un funcionario que ya se había alejado del Ministerio de Economía –Rodrigo-.
Había que enfrentar una ola de desocupación y eventual recesión.
Surgía naturalmente una pregunta: ¿era la represión un problema exclusivamente policial y de las Fuerzas Armadas? ¿o era el resultado de un programa económico con consecuencias sociales?; a modo de respuesta Rubén Rabanal aseguraba que lo que ocurría en la provincia de Tucumán obedecía al cierre de seis ingenios, y esto había provocado una significativa desocupación –decía el diputado-.

El Radicalismo le enviaba un mensaje a la señora Presidente de la República; el mensaje era el siguiente: “debe superarse este instante con la aplicación, al menor costo social, de un plan económico que piense, antes que nada, en el beneficio de los grupos más numerosos y en el sacrificio de los que más tienen. Únicamente así podrán superarse días tristes para la Argentina”.

Hoy pienso en el actual vicepresidente radical –Julio Cobos-, pienso en las retenciones; pienso en la Sociedad Rural; pienso en la pobreza de capital de los “grupos más numerosos”, y en la pobreza de espíritu de “los que más tienen”. Pienso en el “escándalo de la pobreza” que denuncia la oposición en comunión con la Iglesia; y pienso en “días tristes para la Argentina”.

El bastón del dictador

2009-08-23T08:24:00.000-07:00

Con relación a la crisis moral, Balestra decía que la misma se manifestaba en diferentes aspectos; uno sería la subversión, a la que primero se alentó. Otro aspecto de la crisis moral estaría dado por un fuerte enfrentamiento por detentar el poder que, según este diputado, se advertía en una lucha sin límites entre grupos antagónicos del mismo movimiento que ejercía el gobierno. Además sostenía que la crisis de origen moral golpeaba en lo político provocando anarquía, también en lo económico, provocando inflación y recesión, y en lo social con la subversión permanente. Todo esto gravitaba en la composición de la sociedad, empobreciendo a la clase media y empujando al caos y a la anarquía con fines inconfesables –decía Balestra-.

Insúa planteaba que el estado de sitio era una medida que se mantenía como herramienta utilizada para la persecución ideológica y para detener y encarcelar personas no involucradas con la subversión, ciudadanos a quienes, sin proceso, se los mantenía presos, desconociendo las órdenes de libertad firmadas por Jueces de la Nación. Hablaba claramente de los excesos, y pedía que el Ejecutivo hiciera todo lo necesario para evitar injusticias.

Insúa hacía referencia a la protesta de instituciones, organizaciones, partidos políticos y familiares, requiriendo la libertad de centenares de presos políticos. También hablaba del régimen inhumano al que eran sometidos, generalmente por persecución ideológica y reclamaba hacer efectivo el derecho de opción de los detenidos para poder salir del país.

Desde la oposición se le reprochaba al gobierno la aplicación abusiva del estado de sitio que, en algunos casos, como en el del ex senador uruguayo Enrique Erro, implicaba la violación de convenciones internacionales y que, en lo interno, significaba la detención de ciudadanos a los que no se les conocía ninguna actividad que pudiera alterar la paz interior de la República.

Se pretendía conocer cuales eran los mecanismos de decisión por los que atravesaba el dictado de cada decreto que ponía a disposición del Poder Ejecutivo a particulares, y cuál era el control que se llevaba sobre la razonabilidad de esas medidas.

Valenzuela consideraba que cuando el Poder Ejecutivo pedía confianza a los argentinos, frase reiterada en todos los ámbitos oficiales, significaba que ella no estaba presente, y por tal motivo se imponía recuperarla, generarla con hechos concretos. Decía que en las provincias en general, salvo excepciones, no había dialogo político, y señalaba que se estaba dando un éxodo de jóvenes por falta de fuentes de trabajo. En tal sentido le preocupaba que dicho éxodo fuera, en parte, destinado al reclutamiento de organizaciones subversivas.

Desde el Movimiento Línea Popular se expresaba que la convivencia política inaugurada en 1973 era inédita en la República Argentina, y que el apoyo concreto realizado por los diferentes sectores para ayudar al gobierno a lograr el mayor éxito, no registraba antecedentes históricos. Pero entones quedaba claro que dicha convivencia política resultaba insuficiente. Así le aparecían las preguntas a Ferreyra, ¿qué pasó? y ¿por qué estábamos ante semejante fracaso, no habiendo perdido guerra alguna? ¿por qué?, si no habíamos sufrido un cataclismo, ni afrontábamos una guerra civil. Dijo entonces, a modo de respuesta, que hacía más de cuarenta años que, en diferentes aspectos, estábamos aferrados a una etapa y a una estructura que, debiendo haber sido superadas, permanecíamos en ellas sin atrevernos a parir el cambio necesario que imponía la realidad del país.

Monsalve le preguntaba al doctor Benítez, si consideraba factible recuperar la confianza frente a insistentes versiones "sobre el surgimiento de fortunas colosales de la noche a la mañana, cuyos titulares tenían alguna vinculación más o menos cercana con esferas gubernativas?"

Los observadores político-económicos señalaban que algún grupo financiero se dedicaba a adquirir enormes cantidades de las más diversas mercaderías, justo antes del shock provocado por los conductores de la economía, llegando a triplicar las inversiones.

Monsalve advertía que no podía infundirse confianza al pueblo, cuando se lo convocaba primero, para anunciarle medidas favorables relacionadas con su salario, y luego, un día después, se lo reunía para informarle lo contrario.

Acevedo destacaba una profunda ansiedad y angustia y una ausencia de fe; decía entonces que ello daba un resultado absolutamente negativo para cada ciudadano y, desde luego, para el país. Por todo ello alertaba que el hecho de no saber a qué atenerse era el signo de aquellos tiempos. Analizaba el rol del Estado frente a la inseguridad y reclamaba el cumplimiento de su fundamental función, que se expresaba era, garantizar la seguridad, la vida y la integridad personal de cada componente de la comunidad. Decía que si el principal requerimiento que justifica la existencia del Estado no puede ser satisfecho, ¿qué otra cosa se le podía pedir al Gobierno?

Jesús Mira denunciaba públicamente que la represión crecía, a medida que aumentaba el desfasaje entre los salarios y los precios liberados. Por otra parte aseguraba que las medidas tomadas para realizar la persecución de los sectores de ultraizquierda, no eran las mismas que se ejercían en relación al terrorismo de ultraderecha, cuando la “Triple A” –decía- ya había cometido más de quinientos crímenes.

Mira quería saber cuantos eran los presos políticos que se encontraban a disposición del P.E.N. y sin proceso; consideraba que serían entre mil setecientos y dos mil, pero requería conocer la cantidad exacta. Agregaba que la aplicación del estado de sitio, había dado lugar a tantas arbitrariedades, por lo que invitaba al Ejecutivo a considerar la posibilidad de levantar esa medida extrema. Solicitaba formalmente conocer qué tipo de investigaciones había encarado el gobierno, orientadas a descubrir cuanto fuera necesario en relación con el accionar de "las tres A", y preguntaba si algún miembro de esa organización había sido detenido. El primer atentado que se le adjudica a esta agrupación de extrema derecha lo realiza contra el Senador Nacional Hipólito Solari Yrigoyen, quien resulta herido por un explosivo colocado en su automóvil en octubre de 1973. Unos meses después, en mayo de 1974, asesinan al sacerdote Carlos Mugica, éste encabezaría la lista de cadáveres adjudicados a la “Triple A”.

A renglón seguido, el 31 de julio de ese mismo año, la organización le quita la vida al diputado peronista de izquierda Rodolfo David Ortega Peña, quien se había incorporado a la Cámara recién el 13 de marzo del `74 para cubrir una de las vacantes producidas el día 6 de febrero, fecha en las que renuncian a sus bancas ocho diputados nacionales, entre ellos, Carlos Kunkel, referente político del entonces estudiante de derecho Néstor Kirchner, un jóven prometedor de veinticuatro añosde dad.

A Ortega Peña lo reemplaza Bernardo Montenegro.

Sandler volvía a hacer hincapié en la ausencia del general Perón y de su carisma. Afirmaba que en 1973 había votado el noventa por ciento de la población y se llegó a la Presidencia de la Nación con más del sesenta por ciento de los votos.

Sandler manifestaba su impresión sobre la violencia que se había ido generando paulatinamente y sobre el particular decía: "cada argentino democrático trae inconscientemente en su mochila el bastón de dictador”. Advertía que se estaba generando toda suerte de autoritarismos, cuya fuente principal se encontraba en el orden jurídico estatal. Por ello pensaba que la consistencia final podía terminar en un tremendo y desgraciado despotismo. Despotismo que no lograría una sociedad de hombres libres ni socialmente justa, pero que pretendería, al menos, conseguir la seguridad que toda sociedad necesita. Ese efecto sería inevitable de mantenerse la situación descripta.

Sandler además advertía que la violencia, como realidad indiscutible, también podía "venir acompañada por un fenómeno mitológico de la violencia subversiva". Y agregaba que en eso no se podían engañar los responsables del poder político, los legisladores. Esa violencia debía ser analizada; pero señalaba la posibilidad de caer en el error de considerar violencia subversiva el solo deseo de cambiar el estado de cosas imperante.

Vinculaba el tema de la violencia con el de la penetración extranjera y aparecían los interrogantes: ¿la penetración extranjera sólo operaba a nivel del orden económico?, ¿o también podía operar penetrando en otros órdenes de la sociedad?, ¿podía haber una penetración extranjera dentro de las fuerzas de seguridad? "Uno debe pensar hasta dónde nuestras propias estructuras estatales no han sido objeto de esa penetración".

En otro orden de cosas, se mencionaba que una vez analizado el plan Rodrigo, resultaba obvio que su aplicación exigiría poner en marcha el aparato represivo. La movilización sindical había impedido su puesta en práctica.

Tanto a Marino como a Sandler les preocupaba que el reglamento de máxima peligrosidad dictado por la dictadura militar, y que fuera derogado por ley del Congreso en mayo del '73, se estuviera aplicando en la prisión de Rawson y también en Sierra Chica.

Cuando Carlos Kunkel renuncia a la banca, también lo hacen Armando Croatto, Santiago Díaz Ortiz, Jorge Glellel, Diego Muñiz Barreto, Roberto Vidaña, Rodolfo Oscar Vittar y Anibal Iturrieta; este último había dicho cuatro meses antes de decidir renunciar junto a los otros siete diputados, entre otras cosas, lo siguiente: “Nos equivocaríamos si pensáramos que hemos arribado a la paz. La paz se da cuando la guerra finaliza, y ésta sólo concluirá cuando hayamos liquidado a las oligarquías vendepatrias y a quienes se constituyen en sus aliados. Si estas fuerzas sociales reaccionarias permiten o no el desarrollo de las tareas de reconstrucción y liberación, de ello dependerá nuestro destino de paz o de violencia”.

Todo parecería indicar que los diputados vinculados a Montoneros, asumían que esa organización estaba en “guerra” contra las “oligarquías nativas” y sus aliados. Así lo hacían saber.

En el filo de la desesperanza

2009-08-18T12:32:00.000-07:00

El Poder Ejecutivo finalmente dispuso el estado de sitio en todo el territorio del país; aquel decreto invocaba el accionar subversivo y así fundamentaba la determinación extrema. Fue dictado el 6 de noviembre del '74; en sus considerandos sostenía que no obstante y a pesar de las reiteradas expresiones de repudio y recomendaciones efectuadas por "las instituciones y sectores políticos, religiosos, económicos y sociales"; la situación se había agravado por los hechos de subversión y por las nuevas amenazas dirigidas contra niños en edad escolar. Se consideraba entonces la necesidad y el deber de "erradicar expresiones de una barbarie patológica".

Este decreto lo firma la Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, en acuerdo de ministros –Savino, Ivanissevich, López Rega, Gómez Morales y Rocamora.

Esto ocurría un mes después de entrar en vigencia la ley 20.840, sobre delitos contra el orden institucional y la paz social.

El 14 de febrero de 1975 cayó ultimado el diputado nacional Hipólito Acuña. El brutal atentado contra aquel legislador dio lugar al homenaje que le rindiera la Cámara en mayo del '75. Era secretario gremial en la Provincia de Santa Fe; integraba la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y era también miembro de la Comisión Investigadora sobre Producción, Industrialización y Comercialización de la Carne.

En aquella oportunidad, desde el bloque Justicialista se expresaba: “…la oligarquía todavía no está convencida de que en el país ha llegado, con el movimiento obrero a la Cámara de Diputados, la liberación que el pueblo quiere y que desean los componentes de todos los partidos que están compenetrados de nuestra misma causa”.

Tres décadas más tarde, la Cámara vota a favor de “las retenciones” pero el Senado de la Nación dice que no.

El 31 de julio del 75 a las cuatro y media de la tarde, en la Cámara de Diputados, comenzaba a informar el ministro del Interior, Dr. Antonio J. Benítez, sobre la situación institucional y política del país.

Luego de una serie de consideraciones expresadas por el titular de esa cartera, se dio inicio a las exposiciones de los diputados anotados para hacer uso de la palabra y para formular preguntas.

En aquella oportunidad se analizó en profundidad el nuevo proceso de institucionalización, y se marcó un antes y un después del primero de julio de 1974, día del fallecimiento del Teniente General Perón. Se dijo que antes de esa fecha "el dialogo político fue fluido, fácil y eficaz", pero después "el dialogo político se fue extinguiendo, y aunque en apariencia se mantuvo, no hubo eficacia, resultados concretos ni logros demostrativos de la misma aptitud para la preservación de este importante instrumento de la política argentina".

Antonio Tróccoli dijo además esa tarde que inclusive la Iglesia se había visto "sometida a situaciones equívocas en más de una ceremonia"... y que nadie ignoraba que algún importante obispo y varios sacerdotes ya habían sido amenazados.

Se cuestionó la política universitaria, la política internacional, y la económica, así como también el manejo de los medios de difusión, de la administración pública, del aparato administrativo y de los instrumentos políticos. Se marcaba, ante el ministro y desde la oposición, el avance del deterioro en las diferentes áreas.

Se reclamaba recuperar y poner en práctica aquellos presupuestos básicos para llegar a conseguir la reconstrucción nacional: "sumar y no dividir; incorporar y no excluir; convocar a un esfuerzo común a todos los argentinos para cosas trascendentes, dejando lo anecdótico y lo secundario para otra circunstancia; afirmar la participación de todos, para que por medio de espacios políticos adecuados exista un cometido que domine este objetivo fundamental y condicionante de la reconstrucción".

Se advertía, se decía con toda claridad que el gobierno ya no tenía "la autoridad carismática que poseía el presidente fallecido", era algo para tener en cuenta.

Se le preguntaba al señor ministro ¿qué pasaba en la Argentina con las organizaciones terroristas? ¿qué pasaba con el E.R.P. y con los Montoneros?

Moyano preguntaba concretamente, ¿qué grado de infiltración existía en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno Nacional, por parte de esas organizaciones? y ¿cuál era la actividad de la contraguerrilla, cuál era la actuación de organizaciones de represión terrorista que actuaban al margen, en muchos casos, de los controles policiales?; agregaba que tanto unas como otras generaban crímenes aberrantes secuestros y pedidos de rescate.

“¿Cómo es posible que hayamos visto publicada en un periódico la conferencia de prensa dada por el presunto jefe de una organización clandestina?”

Moyano quería saber qué pasó con el rescate que aseguró haber percibido la organización guerrillera, que se jactó que representaba, la suma recibida, un tercio del presupuesto anual de las Fuerzas Armadas argentinas ¿qué pasó con el asalto a la fábrica Halcón, de armamentos?; aseguraba que además de dinero, se llevaron armas que luego usarían contra el país. Se llevaron más de cien ametralladoras, ciento cincuenta fusiles y cantidad de material bélico. Moyano planteaba que se habían realizado cientos de asaltos contra comisarías y unidades del Ejército, y que la repercusión que tenía la guerrilla con su accionar era gravísima, con respecto al sector de la economía, y agregaba que se estaba al borde del precipicio. Preguntaba por el secuestro de los hermanos Born; el doctor Benítez contestó que, los señores Born, en ningún momento denunciaron su secuestro, ni facilitaron la investigación. La familia Born prefirió pagar varios millones de dólares.

Se le planteaba al ministro la situación de las provincias intervenidas; el problema de las economías regionales.

Se le reclamaba con insistencia que se convocase a elecciones en los distritos intervenidos.

Preocupaba el tema de los secuestros; algunos diputados consideraban importante encontrar a los autores. Advertían además que por el monto de los rescates y por los arreglos privados celebrados en la clandestinidad para liberar a los secuestrados, se imponía la necesidad de establecer medidas relacionadas con la eventual y consiguiente salida de divisas de nuestro país.

Alarmaba el clima en que se encontraba la República a nivel económico; se calificaba tal situación como estado de anarquía y paralización.

Lorences destacaba la grave crisis que conmovía a la República, y entonces decía que la presencia, de alguna manera, podría significar un cambio en la actitud antes adoptada por sectores del gobierno que habían elegido el aislamiento y, desde la soledad, habían ejecutado una "política suicida" que estaba padeciendo el pueblo.

Decía que era necesario "destruir la mentalidad retrógrada" de aquellos que creían que el área de poder que se les había confiado, fuera una especie de "feudo propio", manejable a su arbitrio.

Lorences recordaba que el General Perón habría dejado bien establecido el riesgo que implicaba, a su juicio, confundir el aparato del Estado con el partido político que ejerciera la conducción del gobierno. Sostenía que esa sabia reflexión del ex presidente no había sido tenida en cuenta, y deploraba que el Estado, para resguardar el orden, hiciera uso de los mismos métodos utilizados por las organizaciones clandestinas. El pueblo –decía- no podría advertir la diferencia entre ambas fuerzas y ambas serían igualmente, ante la opinión pública, indignas de respeto. Dentro de este clima, se cuestionaba el enriquecimiento ilícito de funcionarios.

Se decía que la crisis económica no tenía precedentes y que lo político afectaba en lo económico y en lo social; y se le preguntaba al ministro si él creía que el incumplimiento del programa votado, para la gestión de gobierno, en 1973, tenía relación con el estado de crisis interna del peronismo, que a su vez repercutía, en todos los ámbitos del país.

En ese orden de cosas, Cárdenas afirmaba que una crisis política no nace nunca por generación espontánea.

Habría entonces, elementos visibles y otros ocultos que la habrían generado.

El país vio alejarse de su territorio a un hombre considerado "nefasto". Según Cárdenas se imponía una pregunta ¿tuvo ese hombre toda la culpa de todos los males?, si la repuesta es por el sí, las instituciones y todos los políticos evidenciarían una extrema debilidad frente a tales aventuras. Pero si la respuesta es por el no, habría que hacer una autocrítica, buscando la cuota de responsabilidad que debería asumir cada sector.

Se dijo en aquella reunión que "en las trágicas plazas del medioevo, las gentes quemaban a los brujos creyéndolos culpables de todos sus males"; y Cárdenas agregaba que, si López Rega cometió delitos, debía pronunciarse la Justicia en tal sentido.

Habían sido secuestrados en la ciudad de Tucumán, el 8 de julio del '75, un periodista francés y su compañera; Maurice Jeger –o Jaeger- trabajaba en el diario "La Gaceta". Se le pedía al ministro del Interior que se interesara en la búsqueda del ciudadano francés y de Cristina González.

Analizando la cuestión de la salud de la señora Presidente de la República; se recomendaba... "ahuyentar a los cuervos agoreros que por una rara virtud transformista aparecen no sólo como críticos de ocasión y analistas por encargo, sino también como consejeros paternales a quienes nadie pidió consejo". Y, entre otras cosas, Juan Carlos Cárdenas advertía: "mientras ciña su banda y empuñe su bastón por mandato de casi ocho millones de argentinos, tenemos que apoyarla y respetarla, aún criticándola, aún señalándole errores, porque en su escueta figura están resumidas las instituciones de la República..."

..."si alguien cree que Isabel no está en condiciones de gobernar, que plantee formalmente la cuestión y no ande detrás de las puertas alentando a algún desprevenido. Lo demás es chisme de desocupados, especulación menuda, vergonzoso ejercicio del rumor que va desde el cuento grosero del hortera, hasta las exquisiteces literarias de ciertos analistas que todos conocemos”. En otro orden de ideas el diputado insistía, una y otra vez, en que el mejor antídoto contra el veneno de la guerrilla era la justicia social, y él decía, que no había sido lograda.

Por otra parte, desde el Partido Federal expresaban “... queríamos y queremos defender un orden constitucional en serio. Porque no queremos que desde el institucionalismo se haga, como más de una vez se ha hecho en el país, un culto a la hipocresía".

Preocupaba el nivel de desprestigio internacional en que –según Fernández Gil-, había caído la Argentina; hablaba del problema de la deuda externa, pretendía conocer el verdadero análisis y pensamiento del gobierno en la materia. Este mismo diputado destacaba el valor de las reservas humanas, factibles de movilizar mediante un "poder moral de convocatoria, poniendo en marcha una genuina audacia creadora".

Francisco Manrique, en su calidad de presidente del Partido Federal, enviaba una carta a la señora Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, en la que expresaba, entre otras cosas: "Van ya casi treinta días que el país está paralizado, enredado en sus penas e inquietudes, sin producción suficiente y consumiendo sus entrañas. Sin embargo, gente sana de toda condición social, de todos los rincones de esta patria, que mereció mejor suerte, la mira a usted, señora presidente, heredera de responsabilidades, esperando la adopción de actitudes positivas que nos pongan en marcha hacia la fe perdida" (...) "Levante entonces su vista, señora presidente, atraviese el cerco de mediocridades e intereses que la rodean, cierre sus oídos a las mezquindades y advierta que esta Argentina, que quizás usted no conoce en profundidad, espera, ya en el filo de la desesperanza, que la autoridad presidencial se recupere con actitudes claras y coherentes en función del país y no de un enloquecido e inoperante afán de perdurar".

“¡¡¡Ojalá que no nos duela en nuestros hijos!!!”

2009-08-07T19:54:00.000-07:00

Importaba analizar en el Congreso el tema de la represión de actividades subversivas, en el marco de un verdadero estado de angustia y de interrogantes de todo el pueblo.

La Presidente de la Nación, en su mensaje al Parlamento al enviar el proyecto de ley de reforma al Código Penal, se refería al repudio a la violencia de cualquier origen y a la necesidad de fortalecer la unión nacional. El Poder Ejecutivo reclamaba el tratamiento urgente de ese proyecto; se denunciaba que había grupos realizando una sutil y sostenida campaña de proselitismo y adoctrinamiento.

En esa oportunidad Tróccoli destacaba que efectivamente el país estaba transitando por un momento difícil, decía que era víctima de una complicada estrategia de subversión que, desde la extrema izquierda y desde la extrema derecha, en una suerte de coincidencia tácita, se estaba tratando de abatir al sistema constitucional.

Tula Durán dudaba que realmente el proyecto del Ejecutivo fuera un remedio eficaz para la subversión.

Tróccoli argumentaba que aquella iniciativa no tocaba el fondo de la cuestión y que, por el contrario, se entraría en un sendero que podría coartar otras libertades que no tenían nada que ver con las vertientes subversivas.

El proyecto de ley antisubversiva enviado al Parlamento por el P.E.N. ya había sido aprobado por el Senado.

Porto consideraba que era necesario convertirlo en ley para erradicar la acción subversiva que se había propuesto afectar la seguridad interior de la República, crear el caos, subvertir las instituciones políticas, sociales y económicas; señalaba que el código vigente al tiempo del debate, sus figuras delictivas y sus correspondientes penas, eran manifiestamente insuficientes para preservar el orden institucional y la paz social.

Porto recordaba, en el recinto, la toma de comisarías y el asalto a cuarteles de las fuerzas armadas; recordaba los asesinatos con premeditación, con alevosía, con ensañamiento, por placer, para preparar, facilitar o consumar otros delitos; recordaba también las bombas, los secuestros, el pedido de rescates; planteaba con preocupación el imperio de la “ley de la selva” y consideraba que la voluntad general ya no era la obediencia. Algunos ya se preguntaban si la potestad otorgada al poder central se había dado a una autoridad que ya no regía, que aparentemente ya no era obedecida. ¿Qué pasaba con la voluntad general?, ¿tenía, o no tenía vigencia? frente a la voluntad de sectores minoritarios que se burlaban del pueblo y de la ley, de la Constitución, pretendiendo atentar contra las instituciones y acabar con la paz social.

Una y otra vez se calificaba a esa violencia, era “subversión y guerra” y ya muchos se negaban a permanecer cruzados de brazos, sin tomar rápidas medidas, frente a la alevosía, al ensañamiento, al homicidio por precio, a las sevicias graves, a las torturas, a los impulsos de perversidad brutal. Sostenían que no hacer nada frente a todo eso los haría cómplices de los que apuntaban al pecho de la democracia con una metralleta.

En aquel Congreso se aseguraba, cada vez con mayor fuerza, que estábamos frente a verdaderas organizaciones armadas, con mucho dinero, con uniformes, con muchas armas y que estaban atentando contra el orden institucional y contra la paz social. Proponían desde el oficialismo endurecer la legislación en materia penal para empezar, desde sus orígenes, a terminar, de una vez por todas -decían- , con la guerrilla y con la subversión que, según Porto, atentaban contra los derechos del pueblo y contra su soberanía.

Pero, desde la oposición, Day sostenía que el proyecto del Ejecutivo nada tenía que ver con la guerrilla, y desestimaba la idea de resolver el problema poniendo en marcha el aparato represivo o aumentando las penas, dejando a un lado los aspectos previos y preventivos, más eficaces y menos cruentos.

Day decía además que se perseguían las ideas y que eso era sumamente peligroso. Argumentaba que la ley en su afán persecutorio de las ideas, se introducía en la vida privada, por penar a quien fuera sorprendido con elementos de propaganda de las conductas tipificadas, como si en realidad tuviera un explosivo peligroso en su casa.

Day cuestionaba también el hecho de sancionar el Congreso una ley que podría afectar la libertad de prensa, poniéndole injustificados límites. Preocupaba la persecución y el castigo por un delito de pensamiento o ideológico.

El Partido Intransigente advertía que con un clima de zozobra y pesimismo, creado deliberadamente a través de diversas formas, con acción psicológica y con la acción de las fuerzas del terrorismo y del crimen, se iría llevando al pueblo a distanciarse del gobierno, si no se reaccionaba a Tiempo.

A la oposición le preocupaba y mucho que la anunciada represión, en nombre de la ley y la Constitución se hiciera en medio del caos, o sembrando el caos; Portero remarcaba la gravedad que implicaba correr el riesgo de invocar, en determinado momento, que la represión se realizara no contra el pueblo, ni con el pueblo; lo grave sería que se llegase a decir que se realizaba por el pueblo. “Eso sería lo peor que le podría ocurrir a nuestra democracia y a nuestros intereses nacionales”. Había que tener entonces un gobierno que dominase la situación, resultaba imprescindible.

Desde el mismo Congreso se expresaba que el remedio no era únicamente legislativo; se decía que estaba bien dictar y votar leyes de protección, pero no leyes de este tipo. Algunos insistían que el remedio debía ser esencialmente político.

Era fundamental que se intentase enfrentar el avance de la escalada terrorista.

Se proponían medida positivas a ejecutar frente al terror y la violencia y se exigía que no se hicieran desde el gobierno diferencias arbitrarias, imputando como causal válida la adherencia o adscripción a ideologías; que no se estuviera esperando día a día conocer la identidad de la víctima para enjuiciar el crimen, en vez de estar todos juntos buscando y hurgando para encontrar al victimario; y se agregaba que, nunca habría lógica ni justicia en los resultados del atentado. Portero afirmaba que en la Argentina no se inspiraba seguridad al pueblo mediante la represión.

Balestra sostenía que “Los crímenes contra la humanidad , donde exista una degradada perversidad contra el género humano, tampoco encuentran justificativos en tiempos de gobiernos constitucionales o de facto. En definitiva, la violencia es repudiable en cualquiera de sus manifestaciones; y ésta ha de ser una actitud constante, porque de no ser así, corremos el riesgo de que en nombre de supuestas motivaciones políticas o ideológicas, se legitimen determinadas formas de crímenes contra la humanidad, alentando así a la comisión de estos crímenes contra ella en otro tiempo”. También requería que se formase conciencia de que no era válida la táctica o la estrategia política de alentar a los criminales atroces a cometer los más vandálicos crímenes aunque fueran en nombre del sagrado derecho de que el pueblo recuperase el gobierno de sus instituciones, “porque luego, cuando se pida a estos aliados vandálicos paz y orden, responderán con guerra y anarquía por cuanto su vida es el caos, su finalidad es la anarquía , y sus designios inconfesables, la destrucción de todo vestigio de nacionalidad”.

Por aquellas horas ya se conocía la noticia de otro hecho luctuoso, habían asesinado al Dr. Silvio Frondizi , se estaban cumpliendo algunos vaticinios.

Un matutino, de la capital, días atrás había elaborado una macabra estadística que se analizaba en el recinto. El diputado Marino insistía en que aquella ley nos iba a doler a todos; nos iba a doler en nuestra carne y en nuestra sangre, y agregaba “¡Ojalá que no nos duela en nuestros hijos!!!”

Otros legisladores repetían que no se sabía quien mataba y sí se sabía quién moría. Moyano reclamaba el escarmiento público en cabeza de quien fuera responsable auténtico de tanto delito impune; hablaba del estado de sitio en la República, medida que debía propiciar -decía- el Poder Ejecutivo, porque era el que estaba en condiciones de merituar si había llegado o no el momento de la suspensión de las garantías constitucionales.

En aquella reunión del 28 de septiembre del '74, se comentaba que, según declaraciones públicas del Ministro del Interior, éste entendía que no había llegado el tiempo aún de declarar el estado de sitio. Algunos se preguntaban si la Policía Federal y las policías provinciales estaban dotadas de recursos económicos y materiales y si estaban suficientemente respaldadas en su accionar.

Según Jesús Mira estábamos ante dos tipos de terrorismo, individual o de grupos, uno de la ultraizquierda, “que independientemente de los altos fines que preconiza, creemos que sirven para perturbar el proceso de liberación, e independientemente de la buena voluntad que pueden tener algunos jóvenes que equivocadamente participan en los hechos, pensamos que están sirviendo al enemigo que ellos desean combatir”; otro de la ultraderecha, “que asesina, que mata, que secuestra todos los días en las calles de Bs. As., actuando con una impunidad tremenda”. Prueba de ello –decía Mira- es el asesinato que se cometiera contra una conocida figura política argentina, el señor Silvio Frondizi, por parte de la A.A.A., organización que tiene amenazados también a muchos señores diputados. Estos grupos contaban con medios cuantiosos y con una impunidad que es difícil de explicar; sin embargo –señalaba el diputado del P.C.-, contra este terrorismo de derecha muy poco o nada se dice. El proyecto en discusión apuntaría, si se lo analizaba, a los grupos terroristas de ultraizquierda -sostenían algunos diputados-.

Observaba Pedrini que al mismo tiempo que de todos los sectores políticos con representación parlamentaria se repudiaban los hechos del terrorismo, se buscaba triturar y destruir, por todos los medios, el instrumento legal que pedía el Ejecutivo Nacional, para tratar de abatir aquellos hombres jóvenes que precisamente no provienen -agregaba- de la clase trabajadora, puesto que llevan apellidos pertenecientes tal vez a la pequeña o mediana burguesía hacia arriba, y que atentan contra las instituciones del país -y seguía diciendo el Presidente del bloque Justicialista- “el día de mañana, cuando caiga abatido por las balas asesinas alguno de los integrantes de esta Cámara, no quisiera ver lágrimas en los ojos de quienes no le dan al Poder Ejecutivo las medidas necesarias para reprimir este tipo de acciones. No tratemos de manotear las manijas del cajón del muerto y no hagamos discursos estentóreos y dramáticos lamentando la muerte de un diputado o de un senador nacional”. Terminaba diciendo, entre otras cosas, que la República estaba en guerra. Y además planteaba que no podía ser que todos los días personeros de la izquierda estuvieran asesinando a ciudadanos argentinos. Pedía definiciones claras, pedía terminar con el miedo, pedía que se votase esa ley enviada por el Ejecutivo. Aseguraba categóricamente que había miedo de votar aquella ley, y entonces decía que si había algo mejor que esa ley, que lo digan. “¡No queremos guitarreadas".
No sé qué les pasará a los demás, pero a mí me pasó que cuando leía algunos discursos, por momentos, me daba la impresión que en el Congreso había alguna pata de La Triple “A”; pero además sentí que, en ese mismo lugar habría hecho pie también la subversión.
Espero haberme equivocado en la impresión porque, de lo contrario, si esa sensación que tuve tiene algún asidero y si se confirmara, todos aquellos crímenes cometidos, por unos y por otros, habrían involucrado a la gran caja de resonancia de la democracia -que es el Congreso- y, por lo tanto, aquellos hechos impunes quedarían atrapados dentro de esa misteriosa caja de Pandora –el Terrorismo de Estado-; quedándonos como única esperanza un “NUNCA MÁS”, y el arrepentimiento.

Las ratas de Hamelin y los niños que se llevaron

2009-08-07T16:28:00.000-07:00

A partir de ahora iremos viendo cómo se fue enrareciendo el clima político tras la muerte de José Ignacio Rucci; intentaremos hacer una autopsia de aquella democracia.

Importa conocer la procedencia de los diputados cuyas exposiciones representan la base del análisis, por lo que se agrega a continuación la nómina de legisladores citados y la tabla de abreviaturas que identifican a cada bloque.

La intención es transmitir posturas de los partidos políticos, y la única manera de hacerlo eficientemente, es recurrir a los debates parlamentarios.

Los pareceres de aquellos diputados reflejan la convicción de cada uno de ellos y, por lo tanto, sin todos atendibles aunque, obviamente, la materialización de algunas ideas hoy puede verse, a la distancia, como el germen del “proceso” que dirime la interna de un peronismo ambidiestro.

Prestemos atención a las denuncias de aquellos tiempos, muy especialmente, a los anuncios de entonces, a las predicciones y a la profecía escondida.

DIPUTADOS 1973-1975

ACEVEDO Carlos Luis BUENOS AIRES C. P.F.
AMAYA Mario Abel CHUBUT U. C. R.
ARANA Tomás Pedro BUENOS AIRES A. P.R
AUYERO Carlos Alberto BUENOS AIRES FREJULI
BALESTRA Ricardo Ramón CORRIENTES P. A. L. C.
BARBARO Julio Donato CAPITAL FEDERAL FREJULI
BENEDETTI Osvaldo Ernesto CAPITAL FEDERAL U. C. R.
BRITO LIMA Alberto BUENOS AIRES FREJULI
CALABRESE Pablo BUENOS AIRES FREJULI (M. I. D.)
CARDENAS Juan Carlos TUCUMAN V. F.
CITATI Angel BUENOS AIRES FREJULI
COMINGUEZ Juan Carlos CAPITAL FEDERAL A. P. R. (P. C.)
DAVICO Miguel Angel BUENOS AIRES FREJULI
DAY Alberto Ricardo MENDOZA U. C. R.
FALABELLA Francisco José BUENOS AIRES C. P. F.
FALU Ricardo Munir SALTA P.J.
FERNANDEZ BEDOYA Mariano FORMOSA U. C. R.
FERNANDEZ GILL Guillermo Carlos BUENOS AIRES A. P. F.
FERREYRA Jorge Washington ENTRE RIOS FREJULI (M. I. D.)
FONTE Carlos A. CAPITAL FEDERAL U. C. R.
GALLO Carlos Renato CAPITAL FEDERAL FREJULI
GALVAN Raúl Alfredo LA RIOJA U. C. R.
GARCIA Luis Antonio BUENOS AIRES FREJULI
GARRE Nilda Celia CAPITAL FEDERAL FREJULI
GASS Adolfo BUENOS AIRES U. C. R.
GRAU Mario Agustín BUENOS AIRES U. C. R.
GUZMAN María Cristina JUJUY M. P. J.
HARRINGTON Luis José D. BUENOS AIRES A. P. F.
INSUA Carlos Raúl BUENOS AIRES U. P.
ITURRIETA Aníbal A MISIONES FREJULI
LAZZARINI José Luis BUENOS AIRES FREJULI
LENCINA Luis Ascensión TUCUMAN U. C. R.
LOPEZ Horacio Fidel SANTA FE U. C. R.
LORENCES Mariano Rufino BUENOS AIRES A. P. R.
LUCENA Luis Arnaldo SANTIAGO DEL ESTERO FREJULI
MARINO Rafael Francisco BUENOS AIRES A. P. R.
MASSOLO Eduardo A R BUENOS AIRES U. C. R.
MAUHUM Fernando Hugo CORDOBA U. C. R.
MERCHENSKY Marcos BUENOS AIRES FREJULI (M. I. D.)
MIRA Jesús BUENOS AIRES P. C.
MOLINA Gilberto H. CORDOBA FREJULI (M. I. D.)
MOLINARI ROMERO Manuel Ernesto CORDOBA U. C. R.
MONSALVE Evaristo A SANTA FE D. P.
MORAL Angel SANTA FE D. P.
MOYANO Francisco J MENDOZA P. D.
MUSACCHIO Vicente Miguel BUENOS AIRES A. P. R. (P. I.)
NATALE Ricardo T. CAPITAL FEDERAL U. C. R.
PEDRINI Ferdinando CHACO FREJULI
PONCE Rodolfo Antonio BUENOS AIRES FREJULI
PORTERO Héctor BUENOS AIRES A. P. R.
PORTO Jesús Edelmiro BUENOS AIRES FREJULI
RABANAL Rubén Francisco CAPITAL FEDERAL U. C. R.
SALOMON Jorge ENTRE RIOS FREJULI
SANCHEZ TORANZO Nicasio TUCUMAN FREJULI
SANDLER Héctor Raúl CAPITAL FEDERAL A. P. R.
SUAREZ Leopoldo M MENDOZA U. C. R.
SUELDO Horacio Jorge BUENOS AIRES A. P. R. (P. D. C.)
STECCO Alberto Eleodoro CAPITAL FEDERAL FREJULI
TROCCOLI Antonio A BUENOS AIRES U. C. R.
TULA DURAN Joaquín SAN LUIS M. P. P. S. L.
VALENZUELA Héctor R SAN JUAN P. B.
VIALE Jorge Omar SANTA FE D. P.
VINTI Carmelo SANTA FE U. P.
ZAMANILLO José Miguel CORDOBA U. C. R.

Partidos políticos

Tabla de abreviaturas

Queda claro que lo que sigue no es más que una recopilación de opiniones que intenta graficar la realidad de los años `70.

El mérito de esta publicación no es precisamente el lenguaje literario que, por otra parte, mayormente no me pertenece.

Debo señalar que me he tomado una libertad, la licencia de evitar citas permanentes y entrecomillados continuos que dificultarían la lectura, y abortarían la idea de lograr una interacción con el lector. Si éste requiere, como así espero, conocer la relación texto-contexto, sólo debe consultar los Diarios de Sesiones de la H.C.D.

El único mérito radica en la memoria, en la investigación y en la relación buscada de algunos hechos y circunstancias.

Quiero señalar que, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones del '73, y considerando que la fuerza política que ejercía el poder, lo hacía con el respaldo que le daban los votos de una abrumadora mayoría; bien se podría decir que, tal como estaba conformado el Parlamento de entonces, la voz de aquella Cámara de Diputados, de alguna manera era la voz del Pueblo que, ella, legítimamente representaba.

Ahora bien, una vez aclarado el criterio y el objetivo, sólo resta agregar que el único desafío sería averiguar, si ello interesa, desde dónde se dijo cada cosa que se dijo; ésta sería ya una tarea reservada exclusivamente al lector, que intente comprender cómo y por qué se inició, en el país, esa despiadada caza de brujas.

La intolerancia y la soberbia de ciertos políticos en democracia; el comportamiento tantas veces imprudente de algunos sectores de la sociedad civil, la indiferencia colectiva, el autoritarismo en sus variadas formas y expresiones, fueron generando el caos en la República y el cercenamiento de las libertades.

Las amenazas insistentes, el discurso permanente que calificaba el estado de "guerra" imperante en el país, el reclamo y la sed de venganza, la convocatoria sostenida y dirigida a las Fuerzas Armadas para que éstas actuasen y reprimiesen; reflejan el clima que antecede al 24 de marzo del '76. Desconocer esta realidad es ignorar que desde septiembre del '73 en adelante, varios de los legítimos representantes del pueblo requerían dar amplios poderes a las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Cuántas veces el bloque oficialista habló de “terminar con las ratas que nos hieren y que no quieren la grandeza de nuestra patria”, mereciendo estas expresiones una ovación de los diputados que, puestos de pie, felicitan al orador que proponía hacer justicia contra quienes querían “el caos y la desesperación en la República Argentina”. Se hablaba de “madres” y de “hijos”, se referían a otras madres y a otros hijos.

Cuántas veces se habló del peligro que representaban los “enanos” que teníamos actuando dentro de nuestra patria. Cuántas veces se habló, en el Congreso, de aquellos “asesinos, enfermos mentales, idiotas útiles, excrementos de la sociedad, ratas sucias en su madriguera”. Cuantas veces se pidió “perseguir y matar como a ratas” a quienes “querían el caos y la desesperación en la República”. Este era el discurso.

Cuántas veces escuchamos "hasta cuándo", "hasta cuándo" y "hasta cuándo".

Desde 1973 se reiteraron sistemáticamente los reclamos tendientes a conseguir la intervención de las Fuerzas Armadas en la ejecución de operaciones militares a efectos de "aniquilar" el accionar de los elementos subversivos; esto en principio equivaldría a reducir a la nada, a destruir, arruinar; esto significaría deteriorar algo así como la salud o la hacienda, esto implicaría humillación y, en el marco de lo antes expuesto conllevaría, necesariamente, el esquivar las garantías individuales y los derechos humanos de los perseguidos, a quienes el diputado Davico calificó de “bestias”.

Con lo hasta aquí dicho, entiéndase bien, lejos de querer justificar los alcances de aquella represión, intento demostrar una responsabilidad compartida que trasciende a la Fuerzas Armadas; que alcanza y compromete, a una dirigencia política involucrada por acción u omisión, a una Justicia distraída y complaciente, a una Iglesia generalmente pasiva y dividida, a una prensa muchas veces contaminada, a una sociedad castigada, dormida a veces y a veces confundida.

Pero desde luego, hay diferentes grados de responsabilidad, y de eso se trata, de descubrir las distintas cuotas de responsabilidad, para ofrecerle a cada sector la porción de culpa que le corresponde, porque sólo de esta manera, si cada sector asume su responsabilidad y reconoce su culpa, estaremos seguros de llegar a la verdad, y así, desde la verdad, podremos evitar repetir este cruel pasaje de nuestra historia. Hagamos ahora el enorme esfuerzo de transitar, con una visión retrospectiva, aquellos oscuros laberintos.

Recordemos entonces cuando el presidente del bloque radical, Antonio Tróccoli señalaba, desde el Parlamento, la existencia de una “guerra sorda y subterránea”; cuando el diputado Balestra hablaba de la secuela de crímenes, secuestros y violencia generalizada en la República, que cobraba víctimas provenientes del sector militar, del civil, del sindical, del estudiantil, en definitiva, “eran todas víctimas del pueblo argentino”.

No olvidemos cuando Francisco Falabella decía que la patria argentina era mucha más grande que el terror, las balas, la impiedad y el miedo. Si eso se decía es porque eso sucedía. Pablo Calabrese denunciaba entonces que al movimiento nacional y al proyecto de reconstrucción nacional se le había declarado la guerra y en aquellos días Carlos Gallo responsabilizaba a la sinarquía internacional y se señalaba a alguna minoría ultraizquierdista que se habría convertido en un peligroso enemigo armado. Además, Gallo decía que los responsables de desatar ese clima de violencia eran suicidas, así como también aquellos que se dejasen seducir por la acción sin importarles las condiciones del país y sus consecuencias.

Se escuchaba en la Cámara de Diputados describir un clima de intranquilidad y de caos.
Citati acusaba a quienes se decían revolucionarios y defensores del pueblo y se les advertía que su ideología no tenía cabida dentro de una patria consagrada a sus propios valores. Este mismo diputado hablaba de aquellos “lobos” que pretendían ponerse “piel de cordero” para “exaltar falsas reivindicaciones y enarbolar un sucio trapo rojo como bandera”.

Ya en 1973 Héctor Portero advertía que esa violencia de entonces que intentaba infiltrarse como cosa diaria, podía llegar a generar un proceso incontrolable de reacciones en cadena, que día a día fueran sectorizando a la totalidad de nuestra sociedad. Reclamaba entonces dar respuestas a cada golpe de la provocación, del caos, del desorden, de lo antinacional y de lo antipopular, pero sin sembrar el odio.

En la misma Cámara se consideraba el riesgo cierto que afrontaba la República, viendo peligrar la existencia de auténticos niveles de representatividad, ya sea para conformar las instituciones, como para garantizar –decía el diputado Insúa- la actual estructura familiar, columna vertebral de la individualidad argentina. Éste denunciaba la existencia de un sector que pretendía acceder al poder por imperio de la violencia, para encasillar y subordinar a los diversos grupos humanos, integrantes de la Nación, a un oscuro imperialismo.

Insúa requería con firmeza erradicar a ese tipo de agrupamientos que intentaban medrar con la sociedad, imponiéndole condiciones de miedo colectivo y llenándola de descreimiento en el poder de sus auténticos conductores y de todas las instituciones republicanas.

Así repudiaban a los grupos sectarios que, según ellos, criticaban las dictaduras, pero propiciaban la tiranía; se decía que los mismos enjuiciaban la opresión, pero materializaban el crimen; que hablaban de la libertad, pero asesinaban a los oponentes.

Cabe señalar que todos estos conceptos, todos y cada una de estas frases así como también las que seguiremos analizando, fueron expuestas públicamente por representantes del pueblo, por nuestros diputados nacionales de aquel entonces.

Cuando se hablaba de estos grupos que usaban la agresión como metodología, se aclaraba que usaban, además, de la sombra y de la amenaza solapada y cobarde para existir y subsistir, y abusaban de la libertad y de la prudente actitud de la sociedad y sus instituciones para encarar riesgosas acciones, pero ante cualquier fracaso - se decía - reclaman presurosos el cumplimiento de la ley que atacan.

Se dijo con claridad y precisión en el recinto que correspondía al Gobierno Nacional la responsabilidad de calificar con máxima severidad a todo este tipo de organizaciones que no cabían dentro de la República, y también se dijo que los enunciados no eran remedio suficiente para contrarrestar la epidemia de violencia desatada.

Insúa reclamaba adoptar hasta las más extremas medidas tendientes a salvaguardar la seguridad de la República, de todos los habitantes de la patria y de sus instituciones...

El Frejuli aseguraba que se habían unido, en la más alta y diabólica traición y conjura elementos de ultraizquierdas y derechas; el diputado Ponce advirtía que los grupos enemigos estaban desde hace mucho tiempo identificados, entre otros, en algunos sectores de la prensa, a los que se acusó de ser parte de la instigación a la violencia.

Iturrieta hablaba de las sectas de izquierda y de derecha que intentaban quebrar y capitalizar para sí a la clase trabajadora, y se refería a las minorías reaccionarias ultraizquierdistas y derechistas y ante ellas gritaba: “Perón o muerte!”

Ya en septiembre del '73 preocupaba el clima de odio total que estaba flotando en la República.
Horacio Sueldo denunciaba una agresión a la cultura argentina, entendida como forma de sentir y de vivir;... y diagnosticaba que la Argentina estaba herida y quizá intoxicada en algún lugar del meollo de su ser; pretendía entonces adivinar hasta dónde alcanzaba el envenenamiento del espíritu nacional e invitaba a poner cada uno, cuanto pudiera de su parte, para erradicar la intolerancia, el espíritu de soberbia de mayoría o de resentimiento de minorías, el espíritu de imposición , de imperio de los unos sobre los otros, a fin de que la tan declamada reconstrucción y liberación nacionales puedan ser obra del aporte común de todos los sectores que aquí representamos- así dijo-, y de cuanta gente en el país quizá no se sienta representada por ninguno de nosotros ni por todos juntos. Por otra parte, ya en aquel primer tramo de la democracia Brito Lima advertía que, si los resortes materiales del Estado, las leyes y los aparatos de seguridad no lograban aquietar a los agresores, se empuñarían las armas para devastar a cualquier ejército, ya sea regular o irregular, que se enfrentase a la voluntad popular.

Ya se pronosticaba, para nuestro país, la llegada de días turbulentos.

Jesús Mira decía que el desorden y el caos eran caldo de cultivo para golpes de Estado.

Ya se anunciaba una guerra.

Algunos diputados optaron, lisa y llanamente, por "terminar con las ratas"; había que eliminarlas y alguien tenía que hacerlo. Se les ocurrió entonces que las Fuerzas Armadas debían realizar el mismo trabajo que aquel flautista de Hamelin, sin recordar, seguramente, el final del cuento. Por alguna misteriosa razón y coincidencia, el cuento se hizo realidad, y en nuestro país se hizo tragedia, y así como desaparecieron los niños de Hamelin, aquí desaparecieron muchos más; desaparecieron tantos chicos argentinos, que hoy todavía son buscados sin descanso por sus abuelas.

Todo esto nos obliga a reflexionar sobre la eventual responsabilidad de quienes, más allá de la autoría de los homicidios, torturas y secuestros; con sus actitudes y discursos apasionados y sin límites, generaron más miedo que esperanza.

Los excesos verbales por parte de aquellos que, frente al terrorismo político, desde lo institucional, enviaron un mensaje imprudente que proponía también matar y morir, como una especie de mística, los vincularía más allá de su voluntad, a los autores intelectuales y materiales de la represión sin límites, por el sólo hecho de haber activado el odio, pues no resulta sensato pensar que para desactivar una violencia se deba reclamar una revancha de semejante naturaleza y magnitud.

Los niños de Hamelin, según el viejo cuento clásico, finalmente regresaron felices a sus respectivos hogares, volvieron a encontrarse con sus familias; aquí y ahora seguimos esperando.
El diputado Ángel Moral apelaba a la cordura para que ésta reine nuevamente en nuestra tierra y no gima impotente ante la guerra desatada entre sus propios hijos; decía el legislador, “Un semejante igual a mi: más alto o más bajo; más joven o menos jóven; con mayor o menor actuación; más cercano o menos cercano. Si muere un semejante soy yo el que en parte muere. Si es atacado a mansalva, es a mí a quien atacan. Si él desaparece, soy yo el que está desapareciendo”.

También es verdad que varios legisladores consideraban que el liderazgo político importaba la responsabilidad de orientar y de esclarecer, y querían combatir a la criminalidad ideológica, mediante el convencimiento impuesto por la razón. Querían crear mecanismos compatibles con la idea de democracia, resguardando las garantías individuales.

Los radicales destacaban la necesidad de obrar con suma cautela, evaluando todos los factores en juego para encarar la reforma de la legislación penal. Decían que era necesario estudiar el asunto cuidadosamente para no borrar con el codo lo escrito con la mano. “El país es testigo de nuestra preocupación y de nuestras tareas, y no podemos defraudarlo”. El radicalismo se oponía a la reforma del código penal propuesta por el oficialismo y, si bien condenaba la violencia de la subversión, Fernández Bedoya advertía un contrasentido en la actitud del partido gobernante; la U.C.R. planteaba que no se le podía pedir al Congreso de la Nación leyes que repriman la violencia, los secuestros, los crímenes, las extorsiones y otros delitos, cuando por otra parte se era complaciente, o por lo menos indiferente frente a la existencias de “formaciones especiales”, verdaderas facciones armadas que operaban al margen de los carriles legales.

Stecco, como autoridad del bloque oficialista, reclamaba una ley fuerte para frenar los crímenes; se pronunciaba en contra de los secuestros, en contra de las bandas de asaltantes y de mercenarios extranjeros que –decía- habían asesinado a un alto jefe de las Fuerzas Armadas, pero que también asesinaron a un joven soldado que cumplía el servicio militar y a una mujer indefensa.

En el Parlamento se hablaba del uso de las armas para propósitos que eran extraños al quehacer nacional, por parte de aquéllos dedicados a otras causas que no respondían al interés de la Nación. Se referían reiteradamente a un sector mezquino que estaba en contra de los intereses del país; y se requería combatir la piratería y el pillaje.

El malestar crecía en el Congreso, se rechazaban acusaciones cruzadas; se sugería que allí se encontraban mercaderes que iban a rasgarse las vestiduras pensando en otra cosa. Se decía que llamaba la atención el hecho de que ciertos sectores se golpearan el pecho repudiando los crímenes y los secuestros, calificándolos de barbaridad, cuando a algunos de ellos les tocaba en carne propia.

En la Honorable Cámara se tributó un homenaje con motivo de la violencia desatada en Azul, homenaje que el entonces presidente de la Cámara rindió a las “víctimas inmoladas por el desborde pasional de una guerrilla insensible a la realidad de nuestro país”- estas últimas son palabras del diputado radical Carlos Fonte.

En aquella oportunidad, Fonte aseguraba que los delincuentes perseguían fines que iban a trastocar la realidad social, política e institucional del país; y agregaba que, por ese motivo esas organizaciones continuaron en enfrentamiento contra el gobierno, como lo habían hecho contra la dictadura.

Se necesitaba un aporte esclarecedor de la realidad política institucional que se vivía y del drama que a todos preocupaba, como consecuencia del desborde de la violencia.

Después del crimen perpetrado en la persona del Dr. Arturo Mor Roig, y en oportunidad de rendirle, la Cámara, homenaje a una víctima más, al Diputado Nacional Rodolfo Ortega Peña; desde el recinto se denunció un plan siniestro para derrumbar las instituciones de la República.
Massolo dijo entonces que en 1974 hacía falta el crimen, la violencia y el terrorismo para crear un clima de miedo, angustia y zozobra en todos los hogares y así poder mellar en lo más hondo la unidad indestructible de todo el pueblo argentino en torno a las instituciones fundamentales y los grandes objetivos nacionales.

La muerte, ese signo del terror y la violencia desatado sobre la Argentina golpeaba en el propio recinto del Congreso.

El tema de la violencia obligaba a meditar sobre la situación del país, a tomar conciencia de ella y de sus alcances. Merchensky afirmaba que no era suficiente la legislación represiva. La violencia crecía no obstante haber acordado tomar medidas drásticas para terminar con ella. La violencia seguía creciendo a pesar de haberse puesto en manos, supuestamente las más hábiles, el bagaje capaz de reprimir al terrorismo.

Pero de todos modos, la defensa y la seguridad de los argentinos seguían estando en riesgo, como quizá no lo habían estado nunca, en ningún momento de su historia-aseguraba Merchensky.
Valenzuela se preguntaba si el brutal atentado que dejaba una banca vacía en el Congreso sería el último. Pero también dudaba si frente a estos hechos cotidianos, los argentinos no nos estábamos insensibilizando ante el asesinato; se advertía que determinada violencia ya no conmocionaba como antes.

Otros se preguntaban ¿qué se pretendía con el terrorismo y los crímenes? ¿llevar a la Argentina a un callejón sin salida que justificase el golpe reaccionario, o provocar la guerra civil?

Jesús Mira señalaba la necesidad de frenar la escalada criminal constituyendo una amplia comisión investigadora de los atentados criminales y terroristas, para conocer abrumadores testimonios concretos, para descubrir a los autores e instigadores de aquellos crímenes.

Los diputados trataban de indagar las causas por las que desaparecía un legislador, un colega; se preguntaban ¿por qué?, ¿para qué? y ¿hasta cuándo?

Sin respuestas concretas, sin claridad, seguían sucediéndose aquellos hechos.

Seguía la orgía de sangre donde gremialistas, hombres de armas, políticos, sacerdotes, empresarios, servidores del orden, obreros y estudiantes de cualquier ideología, edad o condición social, pagaban el duro sacrificio que era el precio de la definición- según aseguraba el diputado Jorge Viale- y agregaba que estábamos frente a un torrente aluvional que pretendía dividir a los argentinos.

Para Balestra, la acción cruel, aberrante y despiadada de un grupo de inhumanos criminales, demostraba una vez más su desprecio por la Constitución, la ley y las instituciones de la democracia; sostenía que la violencia no se detenía en las diferencias ideológicas de sus víctimas; que todas eran propicias para sembrar el caos y la anarquía, carcomiendo así la vida institucional, como metas o etapas tal vez de un derrotero inconfesable.

Para ellos la violencia infame y criminal hacía pensar una vez más en la hondura de la crisis moral y espiritual que sacudía a la República. Esa violencia, según el diputado Sueldo, no podría nunca realizar una sociedad justa, ni siquiera abrir el camino hacia ella, sino que la empujaría por el despeñadero del fracaso, del caos y de las tiranías más abominables; decía entonces que era tremendo que tanta gente de un lado y del otro cometiera, aprobase, o tolerase actos en los que la vida ajena fuera sacrificada, fuera aplastada en la calle como si no valiera nada. Y lo más doloroso era que para mucha de esa gente - decía-, tampoco valía la vida propia.

Horacio Sueldo pensaba que algo profundamente malo estaba envenenando el torrente sanguíneo de la sociedad argentina, para haber llegado a ese punto que no era el final, que se suponía, ya entonces, era quizá uno de los mojones iniciales de un penoso camino.

Se reconocía la profundidad de la confusión en que se estaba sumergiendo a la República.

Se temía que la mera defensa de las instituciones, se fuera tornando un sonsonete sin eco popular; preocupaba en el Parlamento la impresión de no estar convencidos y de no poder convencer.

Varios pensaban que en ciertas capas populares estaban dando una penosa impresión, como sería la de defender privilegios de la clase política.

Mientras algunos diputados apostaban a la prudencia, otros decían, “no sea que estemos pecando de prudentes y la historia se nos venga encima sin que nos demos cuenta!”

Se preguntaban ¿Hasta cuándo seguirían despidiendo a sus difuntos, rivalizando en torneos de oratoria fúnebre?

Seguían preguntándose hasta cuándo.

Éstos veían el prestigio de la violencia criminal, prestigio para algunas mentes jóvenes y entonces reclamaban sacarlo de esas mentes, mediante una batalla psicológica, no de balas ni de cárceles, para ser desplazado por el prestigio de un cambio, profundo y acelerado, basado en coincidencias máximas.

Ellos sabían que se encontraban ante la anarquía de la violencia y suponían que se trataba de una guerra no declarada.

Se formulaban muchas preguntas y quizá teníanalgunas respuestas.

La verdad incompleta

2009-07-18T20:49:00.000-07:00

Si hay alguien detrás, si está escondido, o si hay algo oculto en algún lugar que se nos impide ver o conocer, no importa la razón, estaremos condenados a vivir, hasta la eternidad, en una relación basada en la mentira o en la ignorancia.

Debemos estar atentos y prevenidos para evitar ingresar sin darnos cuenta, con ingenuidad, con inocencia y candor, en un riesgoso círculo de dementes.

Si entre todos no podemos ver bien la salida, será porque es muy pequeña, y si hay algo que aparece y desaparece, es algo que tiene movimiento y que puede volver a sorprendernos en cualquier momento.

La historia que se esconde, o que se olvida, se repite.

La señora Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, al pronunciar su discurso el 17 de junio de 2008, refiriendose a las Fuerzas Armadas que usurparon el poder en 1976, las calificó de “Mascarón de Proa” y sugirió que los militares terminaron siendo los chivos expiatorios que afrontan las consecuencias. El 7 de julio del año pasado, la Presidenta concurrió junto a la Ministra de Defensa, Dra. Nilda Garré, a la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas y, en esa oportunidad, al referirse al golpe de Estado de aquel 24 de marzo se habría pronunciado, según trascendió, en similares términos. ¿Habrá recordado la señora Garré que, cuando ella era diputada en 1975, un colega suyo, el diputado Sandler, decía en el recinto que muchos diputados estaban sirviendo de “Máscara de Proa” de un aparato represor, en democracia, demasiado semejante al de la dictadura?

La señora Ministra seguramente debe recordar la violencia verbal de ciertos discursos parlamentarios de aquellos tiempos, cuando se decía a viva voz que estábamos en guerra. Cuando desde una publicación, “El caudillo”, se amenazaba a determinados legisladores, -ella incluida- y se jactaban de haberse ocupado del Diputado Ortega Peña -“el finadito”-. La misma publicación que trataba de traidores y de “naranjos” a media docena de diputados y le reprochaban a Jesús Porto que se juntara con Nilda Garré de Abal Medina -entre otros-, advirtiéndole: “Siempre elegís la equivocada; tenés muy mala suerte!”

Pero volviendo a la Presidenta; sus afirmaciones, por venir de quien vienen, no pueden ser interpretadas como frases descolgadas, ni como meras expresiones literarias y, por ello, creo que son una señal que anticipa algo importante. Posiblemente la historia de los `70 no se haya terminado de escribir. El 9 de julio de este año, -2009- con motivo de celebrarse el día de la Independencia, en su discurso la presidenta aseguró que todos los golpes han sido, siempre, cívico militares.

El miércoles 20 de junio de 1973, una multitud se concentra en Ezeiza para recibir al General Perón; pero los graves incidentes cerca del palco, el enfrentamiento entre grupos antagónicos, la confusión generalizada, los tiroteos, los muertos y los heridos, representaban un escenario que obligaban a cambiar los planes. El avión que traía a Juan Perón, aterriza finalmente en la Séptima Brigada Aérea de Morón. Leonardo Favio se lamentaba en la confitería del Hotel Internacional de Ezeiza por los sucesos que empañaron los actos programados para el recibimiento apoteósico que se había organizado, con júbilo, para celebrar el regreso del General. Leonardo Favio cargó las tintas contra el Ministro del Interior –Dr. Esteban Righi-, a quien le adjudicó la mayor responsabilidad, al afirmar: “con un poco de inteligencia por parte del Ministro del Interior y las autoridades, no hubiera pasado nada, porque el pueblo peronista quiere vivir en paz”. A juzgar por lo que vino después, Leonardo Favio no entendió lo que pasaba. Posiblemente, el cineasta había imaginado otra película pero, lamentablemente, en este caso el guión no dependía de él, ni del pueblo peronista. Los actores involucrados se peleaban por el poder y estaban dispuestos a todo para alcanzarlo.

Después del enfrentamiento “armado” de Ezeiza, sigue el crimen premeditado de José Ignacio Rucci.

Recordemos que Rucci es asesinado el martes 25 de septiembre de 1973. Ese mismo día salía publicado, en el Boletín Oficial, el decreto Nº 1454 de fecha 23-09-73, declarando ilegal la actividad del “Ejercito Revolucionario del Pueblo”.

No podemos decir que fuimos todos, ni podemos decir que nadie fue.

Las Fuerzas Armadas, promediando el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, en un trabajo sobre “El terrorismo en la Argentina”, le adjudican el crimen de Rucci a los Montoneros. Pero en la “síntesis de los actos terroristas cometidos en el ámbito laboral y/o empresarial”, la misma dictadura hace responsable del hecho a otra agrupación.

Así consta: fecha-25-09-73, tipo de hecho-asesinato, víctima u objetivo-José Ignacio Rucci, ámbito en que se desempeñaba –laboral- secretario general de la CGT, banda que ejecutó el acto-PRT-ERP.

El día miércoles 1 de mayo de 1974, el Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, habló ante una manifestación multitudinaria concentrada en Plaza de Mayo; en la misma Plaza que, años después, se convertiría en la de “las Madres” de muchos de los jóvenes presentes en aquella jornada histórica de facturas cruzadas.

Los manifestantes flameaban banderas argentinas y otras con inscripciones que los identificaban. No faltaron los bombos, los cánticos y los panfletos. El clima era tenso. Los Montoneros insultaban a Lopez Rega mientras copaban un sector de la plaza. Don Antonio Carrizo oficiaba de locutor; se pidió un minuto de silencio por la compañera Evita y se rindió homenaje a los caídos en la “lucha de la liberación”.

“Si Evita viviera sería montonera”, -era uno de los estribillos-.

Cuando comenzó a hablar Perón, unos aplaudían y otros gritaban más fuerte “¿qué pasa, qué pasa, qué pasa general? que está lleno de gorilas el gobierno popular” y “si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está?”

El general Perón increpó a ese sector de la juventud, y entonces los Montoneros plegaron sus banderas y encararon la retirada, gritando y cantando, “Aserrín aserrán, es el pueblo que se va” y “Se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical” –“Rucci, traidor, saludos a Vandor”.

El general Perón fue claro; se volcó abiertamente a favor de la ortodoxia peronista, sin dejar ninguna duda más, y dijo: “…algunos imberbes pretenden tener más mérito que los que lucharon durante veinte años”. Anunció un escarmiento a los “infiltrados que trabajan adentro, y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan desde afuera; sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero”. Terminó su discurso agradeciendo a todos los partidos políticos por su cooperación.

Si el asesinato de Rucci fue una invitación a comenzar la guerra, ese día, en la Plaza de Mayo, se aceptó la invitación.

El discurso del presidente, descalificando a un sector de la juventud, marcó a fuego desde entonces una división que se evidenciaría más que nunca en el Congreso, y esos conceptos emitidos en tan pocas palabras se transformarían en letras de molde que se repetirían, una y otra vez, en otros discursos que iremos viendo a medida de ir avanzando en la lectura.

Por alguna razón, las fuerzas políticas con representación parlamentaria, que inauguraron aquel breve período democrático iniciado en 1973, insistían en describir un estado de impotencia frente al accionar de la subversión. Si bien se proponían diferentes remedios para intentar revertir aquella grave situación en función de los múltiples enfoques partidarios, la mayoría de los bloques que conformaban la Cámara de Diputados coincidían en referirse al asunto con una misma palabra que se reiteraba en los discursos pronunciados en el recinto; esa palabra era: “guerra”.

Esto significa que para los legítimos representantes del pueblo de aquel entonces, esa violencia cotidiana que crecía sin parar, era subversión y era guerra. Pretender desconocer los sentimientos que inspiraron aquellos discursos, los que a su vez reflejan una realidad política, o al menos la interpretación de esa realidad en cabeza de los políticos elegidos democráticamente en la década del ’70, implicaría una flagrante tergiversación de los hechos y, por lo tanto, de la historia. Asimismo, pretender analizar retrospectivamente viejos sucesos, ignorando el testimonio fehaciente de quienes ejercieron sus mandatos de diputados en el mismo tiempo y espacio en que se desarrollaron los acontecimientos, implica querer borrar de un plumazo a las mismas instituciones a las que se les habría declarado la guerra en 1973. Aquellos diputados, nos guste o no, sentaron postura en representación del pueblo y consideraron que se trataba de una guerra interna, nunca declarada formalmente, pero su declaración implícita surgía, según ellos, del accionar subversivo sistemático. Así las cosas, el gobierno consideró tener la facultad de ordenar las represalias en el marco de esa guerra.

Hay una serie de datos concretos, objetivos y contundentes, por lo que las subjetividades y las especulaciones extemporáneas no se corresponden con aquella realidad.

Una semana antes del 24 de marzo de 1976, se expresaban desde el Senado de la Nación la solidaridad con las Fuerzas Armadas, frente al accionar de la subversión. Para entonces ya todos sabían que el golpe de Estado era absolutamente inevitable; entre la subversión y la Triple A, habían asfixiado a la democracia. Pero, en rigor de verdad, las autoridades de la Constitución transfirieron el poder a las Fuerzas Armadas el 19 de diciembre de 1975.

Pero escuchemos a diputados de distintos bloques, para saber ¿qué opinaban?

“Ese mediodía del 25 de septiembre de 1973, las balas de los personeros del odio, de los mercenarios al servicio de la antipatria, segaron la vida de José Rucci, un trabajador, un dirigente gremial, un hombre que se jugó hasta la última gota de sangre por la redención del pueblo argentino…”

Dip Citati (PJ) Frejuli

“El movimiento obrero justicialista, que está en la tercera posición, reniega del clasismo; pero del clasismo marxista, del clasismo comunista, ese del trapo rojo que se quiere implantar en nuestro país… los trabajadores debieron ofrendar hasta su propia vida: ahí están los casos de Vandor, Rucci, Alonzo y tantos otros…”

Dip. Stecco (PJ) Frejuli

“¿No será que habrán declarado la guerra?... ¿No habrá llegado la hora de armar la milicia obrera, pero una milicia nacionalista, con un sentido argentino y sin ningún trapo rojo atado? ¿No habrá llegado la hora de que cada argentino lleve un arma para defenderse?... Las cosas no van a ser conducidas con mano blanda, sino con mano dura…”

Dip. Stecco (PJ) Frejuli

“…El compañero Rucci a muerto a manos de aquellos que pretenden convertir el escándalo en algo cotidiano y que tienen un solo objetivo: la guerra civil…”

Dip. Bárbaro (PJ) Frejuli

“¿Qué se pretende con el terrorismo y los crímenes? ¿Llevar a la Argentina a un callejón sin salida que justifique el golpe reaccionario, o provocar la guerra civil?...

Dip Mira (Partido Comunista)

“Buscan la destrucción por la destrucción misma. Quieren quebrar al país. Por eso Tucumán es su teatro…”

Dip Luis Lencina (UCR)

“Si quieren guerra van a tener guerra; pero les aconsejamos la paz…”

Dip Pedrini (Presidente del bloque del PJ) Frejuli

“La paz se da cuando la guerra finaliza…”

Dip Iturrieta (PJ) Frejuli

“Todo esto forma parte de una guerra sorda, de una guerra subterránea que está ocurriendo en el escenario de la República…”

Dip Tróccoli (Presidente del bloque UCR)

“…Al movimiento nacional y al proyecto de reconstrucción nacional les ha sido declarada la guerra… “

Dip Calabrese (MID) Frejuli

“Invocamos a los manes de la patria nuestra para que la cordura reine nuevamente en nuestra tierra y para que esta no gima impotente ante la guerra desatada entre sus propios hijos…”

Dip Moral (Alianza Popular Federalista)

Demócrata Progresista

“No es una guerra sencilla, porque el enemigo cuenta con vastísimos recursos… con dinero, con armas y con el negocio del contrabando de armas…”

Dip Falú (PJ)

“Esta violencia es subversión y es guerra”… “no estamos en presencia de algunos hombres sueltos, de algunas asociaciones ilícitas, de algunas parejas o cuadrillas de delincuentes, sino frente a verdaderas organizaciones armadas, con mucho dinero, con uniformes, con muchas armas, que están atentando contra el orden institucional y contra la paz social…”

Dip Porto (PJ) Frejuli

“Así como la guerra subversiva es una totalidad, la guerra antisubversiva también debe ser una totalidad… En lo estratégico militar, requerimos la centralización en la conducción y la descentralización en la ejecución…”

Diputada Guzmán (Fuerza Federativa Popular)

Movimiento Popular Jujeño

“…Un proyecto transformador, hoy tiene desgraciamente como respuesta de ínfimas y despreciables minorías, esta violencia que asuela nuestra patria y obstruye el camino que todos, o por lo menos la inmensa mayoría, queremos transitar” “Es una guerra no declarada…”

Dip Auyero (Partido Popular Cristiano) Frejuli

“La República está en guerra contra los que están en contra de las instituciones. Nosotros la vamos a defender a cualquier precio…”

Dip. Pedrini (Pte. Del Bloque P.J.) Frejuli

Esta sociedad, sin culpas, así empezó a convivir en democracia y a recorrer el peor de los caminos, el de la violencia hecha sistema.

Pacto de silencio

2009-07-01T13:45:00.000-07:00

Desde mediados del siglo XX la Argentina alterna entre democracias débiles, dictaduras y peronismo; esta última expresión política se impone, e impone su autoridad cuando gobierna y también cuando asume el rol de oposición. Es esta particularidad del peronismo, la de imponerse a todos los adversarios, la de hacerse respetar y ser necesario, la razón fundamental que me lleva a pensar que es en sí mismo un sistema distinto de gobierno, que entiende el ejercicio del poder llevándolo siempre la límite, pero sin llegar a cruzar esa línea imaginaria que lo separa y distingue de las dictaduras.

El peronismo es complejo en su naturaleza; su propia heterogeneidad le ofrece la posibilidad de reinventarse y moverse alternativamente de un lado a otro. Esta oscilación supone poder variar, cambiar y hasta vacilar internamente frente al balanceo que propone una conducción sustitutiva, en función de su dirigencia dividida en posiciones extremas.
Cuando esa división por desavenencias genera una desunión acorazada, la militancia resulta transportada en medio de un clima de discordia que puede transformarse en guerra, y esto pasó en el último gobierno de Perón y podría volver a suceder, de mantenerse intacto un pacto de silencio.

Al asumir la conducción del P.J., el santacruceño estaba en condiciones de proponer y encabezar una saludable autocrítica peronista, para revisar tendencias y posturas del aparato político que protagonizó, en la década del ’70, aquel enfrentamiento entre líneas internas que, obviamente, derivaría en tragedia. Esta omisión de Néstor Kirchner deja un saldo deudor en el balance de su gestión y abre una pregunta, ¿por qué evitó descargar sobre las estructuras partidarias la cuota de responsabilidad que debería afrontar la clase política para poder transmitir con honestidad su propia historia? Aquel enfrentamiento no fue precisamente entre molinos de viento.
El hecho de no haber puesto en evidencia, oportunamente, desde dónde se decidió pulsear sin conseciones para imponer un modelo, lo ubica ahora a Kirchner frente a las corporaciones y de cara a la oposición, como un exagerado cuando pugna contra las opiniones y las corrientes de pensamiento que intentan destruirlo, para desandar lo andado, y así volver a los ’90 y tal vez a los ’70, anclando al pueblo de espaldas al “quijote”, mientras la mano izquierda de la política nacional lava a la derecha y entre las dos lavan la cara, las culpas y el ropaje que intentará exhibir, según convenga, alguna encarnación de un nuevo ayer.

Alguien tendrá que hablar, antes que tarde, sobre la responsabilidad del P.J. de derecha y sus aliados, como inductores de la represión sangrienta.